Una de las diversas cuestiones que está dejando patente la difícil situación derivada de la pandemia Covid-19 es, sin duda, la importancia que tiene en nuestras vidas la libertad de movimientos. Las numerosas medidas llevadas a cabo debido a la emergencia sanitaria, para intentar poner freno al elevado número de contagios por coronavirus, como restricciones o cierres perimetrales, y por supuesto el pasado confinamiento, han afectado de pleno a la movilidad de la ciudadanía de nuestro país.
La mayoría de nosotros nunca se había tenido que enfrentar a los efectos que genera la incapacidad de poder moverse con total independencia o la imposibilidad de abandonar nuestro hogar. Sin embargo, ya antes de la pandemia, 2,5 millones de personas con alguna dificultad para desplazarse precisaban de la ayuda de terceros para salir de sus casas, y 100.000 personas no podían abandonar sus viviendas debido a la falta de accesibilidad universal en las Comunidades de Propietarios donde residen. Tanto es así, que el estudio “Movilidad reducida y accesibilidad del edificio”, elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), revela datos tan preocupantes como que un 63% de los edificios no son accesibles de la calle al portal, un 22% carece de ascensor y tan solo un 0,6% de las Comunidades de Propietarios en España son universalmente accesibles.
Aunque los Administradores de Fincas colegiados llevan trabajando desde hace años para conseguir garantizar la accesibilidad en todos los edificios residenciales, se encuentran con numerosas dificultades a la hora de intentar lograr este objetivo. El desconocimiento legal y en muchas ocasiones los motivos económicos impiden la materialización de la accesibilidad en gran parte de las Comunidades de Propietarios. Por este motivo, el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) se ha sumado al Manifiesto de la Fundación Mutua de Propietarios donde se traslada al gobierno la petición de que los fondos europeos destinados a la rehabilitación de vivienda, integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, también establezcan ayudas específicas para todos los edificios residenciales que deban afrontar obras de accesibilidad para garantizar el derecho a una vida independiente.
No debemos olvidar que, la normativa vigente atribuye a las Comunidades de Propietarios la responsabilidad de garantizar la accesibilidad en el edificio. Tanto la Ley 15/1995 de límites al dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas como la ley 26/2011 del 1 de agosto, establecen como obligación para las CCPP, la ejecución de obras o dotación de servicios comunes para la supresión de barreras. La normativa determina que cualquier vecino con movilidad reducida, que padezca alguna discapacidad o que sea mayor de 70 años puede exigir la realización de obras o reformas para la adaptación del inmueble. Estas actuaciones se deberán llevar a cabo incluso sin acuerdo previo en Junta de propietarios, siempre que su coste anual no exceda doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Según el artículo 10.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, si el presupuesto de la obra supera esta cifra, la Comunidad estará en la obligación de ejecutar y costear las obras de accesibilidad cuando así lo determinen la mayoría de los propietarios.
Pero más allá de obligaciones, a estas alturas todos debemos ser empáticos y ser conscientes de que resulta imprescindible que las personas con discapacidad sean autónomas para que puedan participar en igualdad de condiciones y ejercer su derecho a la educación, al empleo o al ocio. Es necesario que las actuaciones para favorecer la accesibilidad universal en las Comunidades de Propietarios se perciban como una mejora real de la calidad de vida de todos sus vecinos. Por ello hay que apostar por derribar de una vez por todas las barreras arquitectónicas que lo impiden, y que en medio de una pandemia se convierten en insalvables.
Desde la Correduría de Seguros José Silva, experta en seguros de Comunidades de Propietarios, deseamos poner nuestro granito de arena para impulsar la accesibilidad universal en los edificios residenciales, y por este motivo ofrecemos un producto específicamente diseñado para prestar cobertura a las Comunidades de Propietarios frente a la amplia variedad de riesgos que les pueden afectar a la hora de ejecutar una obra de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas: el Seguro todo riesgo rehabilitación. Además de poseer una necesaria cobertura de responsabilidad civil, este seguro protege a los propietarios frente las consecuencias económicas de los daños materiales imprevistos que sufran por toda clase de obras de rehabilitación o reforma, en su concepto más amplio, durante su ejecución, y durante el periodo de mantenimiento. No dudes en ponerte en contacto con nosotros si deseas más información sobre esta u otra póliza para tu Comunidad de Propietarios. Estaremos encantados de poder ayudarte.
Fuentes: CAFMadrid, Fundación Mutua de Propietarios, COCEMFE y elaboración propia.