¿ES PREFERIBLE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSERJERÍA A UNA EMPRESA EXTERNA U OPTAR POR UN TRABAJADOR AUTÓNOMO?

Las Comunidades de Propietarios no tienen personalidad jurídica, sin embargo tienen la capacidad de contratar. Así, es habitual que cuenten con personal propio como el portero, o servicios externos como el de conserje. Aunque pueda parecer que ambas figuras casi han desaparecido de los edificios de viviendas, principalmente a causa de la pasada crisis económica que obligó a muchas Comunidades de Propietarios a reducir sus gastos, actualmente el incremento de los robos, actos de vandalismo y compras online, ha motivado que muchos vecinos soliciten la reincorporación de este servicio. Si bien es cierto que la irrupción de las nuevas tecnologías ha sido aprovechada para la protección y seguridad en muchos inmuebles residenciales, sobre todo de nueva construcción, donde se han implantado circuitos de vigilancia de camaras ip conectados a la red o sistemas de domótica, existen diversas labores que siguen precisando de un trabajador para poder ser llevadas a cabo. Nos estamos refiriendo a tareas tan importantes como el control de las personas que acceden al edificio, la actuación inmediata frente a siniestros como pueden ser incendios o inundaciones, o la realización de rondas periódicas para comprobar y verificar tanto las instalaciones como el cumplimiento de las medidas de seguridad. Asimismo, aparte de las funciones relacionadas con la vigilancia, el conserje o portero también se podrá encargar de la limpieza de zonas comunes (barrido, fregado, eliminación de residuos, etc.), del mantenimiento de ciertos servicios de la comunidad (luces, calefacción, etc.), e incluso de atender a las sugerencias y necesidades de los vecinos y trasladarlos al responsable (Administrador de Fincas o presidente de la comunidad).

La falta de candidatos idóneos dispuestos a permanecer tiempo en el mismo edificio, hace que las Comunidades de Propietarios que deciden volver a apostar por éste servicio se decanten por la figura del conserje; suelen tener dudas en torno al método de contratación mas apropiado: ¿Es preferible contar con los servicios de una empresa externa u optar por un trabajador autónomo? En primer lugar, es aconsejable calcular y comparar los gastos de cada una de las dos opciones, sin olvidar tener en cuenta todos los pagos asociados. Para un trabajador autónomo, dependiente o independiente, aparte de la remuneración y retención de IRPF, están los gastos de Seguridad Social y a veces también otros adicionales como bonificaciones o alojamiento, sin olvidar la ajenidad, concepto que demuestra la inexistencia de una relación laboral estable que pudiera ser interpretado como un contrato laboral encubierto. Hemos asistido a la apertura de expedientes de la Inspección laboral porque el “conserje autónomo” en realidad no ponía material alguno y tenía un horario impuesto y regulado por la Comunidad de Propietarios.

En el caso de una empresa externa, debemos comprobar que el presupuesto de su oferta incluya consumibles como productos de limpieza, herramientas de trabajo o la maquinaria necesaria para efectuar las labores, y si resultará necesario efectuar gastos extras para adecuar ciertas instalaciones al servicio de conserjería, además del plazo y método para rescindir el servicio en caso de insatisfacción. Si se da la circunstancia de que la Comunidad de Propietarios ya cuenta con un portero y está planeando la externalización de este servicio, deberá sumar los gastos puntuales que le causaría una posible indemnización por despido, además de contar con la mayoría necesaria de los propietarios y cuotas para cambiar el modelo de servicio.

En el momento que la Comunidad conozca los presupuestos reales de ambas opciones, no debe simplemente decantarse por el más económico, sino que será necesario que realice una lista de pros y contras de cada alternativa. La contratación de un profesional independiente conllevará diversas responsabilidades, como por ejemplo efectuar la correspondiente retención fiscal y el deber de presentar los modelos trimestrales del IRPF, así como la declaración anual. Además, tendrá la obligación de proporcionarle las instrucciones adecuadas en relación a los riesgos laborales, los sistemas de emergencia, los de protección y los de prevención. Las medidas que se le exige a las Comunidades de Propietarios son las mismas que a cualquier tipo de empresa que tenga trabajadores a cargo, y aunque en muchas ocasiones son totalmente desconocidas, ello no le librará de las sanciones de responsabilidad Civil, Administrativa y Penal que le puede acarrear su incumplimiento. Por otra parte, con la contratación de los servicios de una empresa externa, la Comunidad ahorrará tiempo en gestión (nóminas, bajas) y la empresa se ocupará de cubrir las bajas y las vacaciones, pero seguirá siendo responsable de la seguridad del trabajador aunque no esté a su cargo. Ello es debido a que es la responsable legal de todos los espacios comunes de la finca, y por lo tanto, si una persona que ofrece un servicio externo sufre un accidente, sería responsabilidad de la Comunidad de Propietarios, y por ello debe ofrecer toda la información necesaria en materia de Seguridad laboral a todas aquellas personas externas que realicen algún tipo de trabajo en sus instalaciones.

Como podemos observar, decantarse por cualquiera de las opciones implicará una serie de deberes y obligaciones que de no ser cumplidas, aunque sea por desconocimiento, pueden ocasionar graves perjuicios a la Comunidad de Propietarios como sanciones y multas que todos los copropietarios deberán afrontar. El asesoramiento del Administrador de Fincas en el momento de la toma de decisiones es obligatorio y además puede estar asumiendo responsabilidades si es designado para elaborar contratos y pago de nóminas. Es por ello que siempre resulta imprescindible contar con un seguro multirriesgo para comunidades de propietarios que cubra entre otras materias la Responsabilidad Civil y la defensa jurídica, sin duda una inversión que revertirá en el beneficio de toda la Comunidad.

Fuentes: empleo.gob.es, .seg-social.es y elaboración propia.

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¿QUE NUEVOS SERVICIOS INCORPORAN LOS SEGUROS PARA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS?

Vivir en comunidad, es el resultado del trasvase del campo a la ciudad, de compartir riesgos y servicios, de tener experiencias en Comunidad de Propietarios. El sector asegurador en su adaptación incorpora nuevas coberturas para responder de los daños de los siniestros y nuevos servicios para dar más atractivo al contrato de seguro. Falta claridad en las pólizas de seguro sobre quién es el responsable de los servicios, si la aseguradora que los ofrece o el prestador del servicio, aún así consideramos que algunos aportan valor añadido en determinados casos y carecen de él en otros. Analizamos unos cuantos:

Uno de los primeros fue el control de plagas ofrecido por una red de profesionales autónomos o empresas especialistas para controlar cucarachas, ratones y ratas en zonas comunes. Es un servicio limitado a pocas intervenciones y resulta insuficiente al dejar fuera otras plagas como topillos, escarabajo, pulgas, polilla, chinches, garrapatas y nidos de avispa tan invasivas como la velutina. En definitiva aporta soluciones parciales y distintas en función de cada aseguradora. Cada compañía es diferente.

Los gastos de desembozo que afecten a las conducciones comunitarias y tengan su origen en la sedimentación y que podría entenderse como un servicio de mantenimiento que evita daños a terceros; Aunque suele estar limitado a cantidades pequeñas inferiores a 2.000 euros y dos intervenciones anuales resulta de gran utilidad para mantener una limpieza de las instalaciones.

Limpieza de grafitis, es un servicio de muy reciente incorporación que ofrece la posibilidad de limpieza o recubrimiento de la superficie afectada, es muy restringido tanto en importe como área afectada, podemos considerarla simbólica por el momento. Las compañías que quieran apostar por las comunidades tienen una gran oportunidad de negocio.

La Inspección Técnica del Edificio (ITE) o el Informe de Evaluación del Edificio ( IEE) que tiene carácter obligatorio y comprueba las condiciones de seguridad, estabilidad y ahorro energético del edificio. Este servicio tiene el valor añadido de que da información a las dos partes, al Tomador del seguro con recomendaciones en planificación y gestión y al Asegurador en la valoración del riesgo. Su coste suele estar limitado.

Ayudas y subvenciones, es un servicio acotado a la gestión de la solicitud de los Programas de fomento de la rehabilitación ¿Si por error en la tramitación deniegan la subvención, quién es responsable?

Asesoramiento técnico telefónico mediante una red de técnicos en materia de ahorros energéticos e interpretación de facturas.

Servicio Manitas o Bricomunidad, de reciente incorporación a los seguros de comunidades de propietarios, aporta soluciones puntuales para el mantenimiento de las instalaciones como un grifo, una persiana, la brida de una tubería vista, su límite está alrededor de las 3 horas de intervención con máximo de dos servicios anuales. Los servicios son diferentes en función del contrato de seguro y compañía de seguros.

Asistencia a la comunidad, es un servicio mediante el cual el asegurador facilita a la Comunidad de Propietarios profesionales de distintos gremios para realizar operaciones necesarias para limitar o controlar los daños y suele incluir los gastos de desplazamiento y una o dos horas de mano de obra .En general están circunscritos a trabajos de fontanería, portero automático, electricidad, cerrajería y cristalería de urgencia, mensajes urgentes que encargue la Junta de gobierno o uno de sus miembros con motivo de un siniestro grave en la comunidad. Servicio de vigilancia, si el edificio resulta inhabitable a causa de un siniestro.

Como ya resulta difícil entender nuestra sociedad moderna sin contemplar el impacto de las nuevas tecnologías, también las Comunidades de Propietarios han aceptado este reto. En muchos edificios ya es común el uso de aplicaciones (apps) que permiten, desde cualquier dispositivo móvil, la realización de pagos, el cobro de cuotas o la reserva de espacios comunes, zonas deportivas o salas multiusos, algunas aseguradoras facilitan el control de incidencias a través de sus aplicaciones. Lo mismo ocurre con la instalación de nuevos sistemas de seguridad y vigilancia como cámaras IP capaces de predecir comportamientos, o cerraduras electrónicas situadas en el interior de las puertas, cuya llave es un smartphone. Pero lo que quizás no estemos teniendo verdaderamente en cuenta es que las nuevas tecnologías y los nuevos servicios traen nuevos riesgos, los beneficios de la transformación digital en las Comunidades de Propietarios tienen como contrapartida una dependencia cada vez mayor del ciberespacio, lo que supone un aumento del nivel de exposición a sus amenazas y vulnerabilidades.

El ciberriesgo engloba todos los perjuicios que podrían ocasionar un ataque informático a los dispositivos tecnológicos de una Comunidad de propietarios, y que puede suponer la infección con un virus que impida el normal funcionamiento de las instalaciones, sufrir extorsiones y robos o la eliminación de información importante y confidencial (transferencias bancarias, datos de propietarios y trabajadores, contratos o contraseñas). Para hacer frente a este problema hay compañías aseguradoras que han empezado a incluir entre sus servicios, el Asesoramiento cibernético, que ofrecen orientación frente a los daños derivados de la alteración, modificación, destrucción o pérdida de información causados por ciberataques externos, gracias a coberturas como asistencia informática, gastos de restauración, recuperación de datos y servicios de consultoría. Las Comunidades de Propietarios tienen la obligación de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), aun cuando la gestión de los datos personales de los propietarios y trabajadores sea realizada habitualmente por un Administrador de Fincas. Como cada vez es más frecuente que los ficheros se hallen guardados en ordenadores, tablets o smartphones conectados a la red, los ciberataques se convierten en una amenaza de primer orden de cara al cumplimiento de esta ley. Es por ello que los Servicios y Seguros de ciberriesgo que ofrecen algunas pólizas comiencen a ser tenidos en cuenta en el momento de realizar un análisis comparativo.

El ciberriesgo también es un tema que atañe a los Administradores de Fincas, y así quedó reflejado en el pasado Congreso Nacional de Administradores de Fincas (CNAF 2018), que fue celebrado del 7 al 9 de junio en Madrid. Hoy en día, el uso de canales digitales se ha convertido en un requisito indispensable para todo Administrador de Fincas, herramientas que además de ayudar a informar con transparencia, otorgan al profesional un carácter proactivo y de cercanía con sus clientes. Pero la utilización de estos sistemas entraña nuevos riesgos, por lo cual estos profesionales son conscientes de la necesidad existente de estar cubiertos por un seguro de ciberriesgo de confianza, que les garantice que sus datos y los de sus clientes serán protegidos en el caso de sufrir un temido ciberataque.

Los seguros multirriesgo de daños al edificio ofrecen solución a situaciones más complejas cada día, por lo cual es necesario que toda Comunidad de Propietarios cuente con el servicio de asesoramiento de una correduría experta, que se ocupe de identificar los posibles riesgos y realice un análisis de sus necesidades.

 

Fuentes: elaboración propia.

 

¿ES PREFERIBLE CONTRATAR LA DEFENSA JURÍDICA EN EL SEGURO MULTIRRIESGO O PÓLIZA INDEPENDIENTE?

¿Cuántas veces has tenido que enfrentarte a una exclusión de un siniestro? ¿Cómo te has sentido cuando un reparador de la compañía de seguros te dejó un techo a colores? ¿Qué te argumentó el Administrador de Fincas ante la actitud de la aseguradora? ¿Por qué no se aprobó reclamar a un vecino por el gasto que representaba? También otras acciones que realizamos habitualmente como la simple compra de un billete de avión o la contratación de un servicio para nuestro hogar, pueden ocasionar que nos veamos involucrados en situaciones conflictivas en las que necesitaremos contar con la opinión de un profesional, o incluso exijan de los servicios de un abogado. Pues para defenderse de los seguros nace otro seguro. En el momento que necesitemos reclamar o defendernos legalmente, contar con un seguro que ofrezca cobertura en protección jurídica nos garantizará el asesoramiento y la asistencia por la vía amistosa y judicial, sin tener que hacer frente a los altos costes que estos procesos conllevan. Este tipo de seguros suelen incluir en sus coberturas los gastos del abogado, procurador, las tasas y las costas procesales, el notario, perito, e incluso el pago de la fianza en procesos civiles y penales.

En toda Comunidad de Propietarios resulta necesario contar con un seguro que le brinde un asesoramiento jurídico independiente e imparcial y se ocupe de defender sus necesidades, derechos e intereses, así como la de los propietarios, junta de gobierno y especialmente de quien ejerce el cargo de presidente como representante legal de la finca. Conflictos de convivencia, impago de gastos, cuotas y derramas por obras o reclamaciones a empresas de servicios  ascensores, limpieza, vigilancia, mantenimiento), suministros (luz, agua, gas, telefonía) o de construcción y reformas, compañías de seguros, peritos o mediadores, son problemas habituales a los que alguna Comunidad de Propietarios tendría que hacer frente mediante importantes derramas al carecer de la cobertura que le garantiza este tipo de seguros.

A la hora de contratar un Seguro de defensa jurídica, bien para uso personal o para una Comunidad de Propietarios, debemos tener en cuenta que muchas compañías ofrecen esta garantía de protección jurídica y reclamación por daños entre las coberturas adicionales en sus modalidades de Seguros de hogar multirriesgo o Seguros multirriesgo para Comunidades de Propietarios, o bien la ofertan como una póliza independiente. Sea como sea, debemos tener claro que aunque las coberturas incluidas en este producto pueden ser amplias y diversas, y que varían dependiendo de la aseguradora y de la póliza, la Ley de Contrato de Seguro establece que se deben garantizar como mínimo los siguientes aspectos:

• El asegurado tiene derecho a la libre elección de abogado y procurador, con la única condición de que el profesional señalado pueda ejercer la jurisdicción en el lugar donde se desarrolla el procedimiento cubierto.
• El asegurado tiene derecho a una defensa independiente de la aseguradora, es decir, el abogado y procurador designados por el asegurado no estarán sujetos, en ningún caso, a las instrucciones del asegurador.
• La aseguradora tiene la obligación de abonar los honorarios de los profesionales, aunque en la póliza puede indicarse una cuantía máxima, a partir de la cual la diferencia será pagada por el propio asegurado. Este límite marca una gran diferencia en el precio del seguro, por tanto es muy relevante analizar cuánto y cómo.

Generalmente, los seguros del hogar y de Comunidades de propietarios ofrecen amplias garantías con respecto la defensa jurídica y reclamaciones por daños, acotados al ámbito de un siniestro amparado por la póliza, que dan respuesta a cuestiones sencillas que se pueden plantear en el entorno doméstico, aunque al igual que ocurre para otras coberturas, existen diferencias entre lo que ofrece una compañía u otra. Si la defensa jurídica figura como una garantía complementaria de los seguros multirriesgo, ninguna contempla la posibilidad de litigar contra la propia aseguradora, por lo tanto los conflictos por rehúse, defecto de tasación de daños, interpretación de cláusulas, peritación, recursos al Defensor del Asegurado o Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, entre otros, no tendrán cobertura.

Si se requieren servicios más extensos de los incluidos en estas pólizas, lo más conveniente es contratar una póliza de defensa jurídica de manera independiente, ya que se trata de un producto más específico especialmente adaptado para la comprensión y resolución de litigios, que además cuenta con garantías y porcentajes de indemnizaciones mucho más altos. La diferencia de precio entre una u otra forma de tener una Protección Jurídica es muy pequeña.

No obstante, antes de decantarse por contratar esta cobertura mediante un Seguro multirriesgo o una póliza independiente, siempre es recomendable prestar atención a algunos puntos básicos contemplados en las pólizas: si tiene franquicia, cuáles son los límites en el pago de los honorarios al abogado y si existe alguna condición especial como que la aseguradora no preste sus servicios si estima que el proceso es inviable. Debes saber que por ley siempre estarán excluidas funciones como el pago de multas o la indemnización de los gastos derivados de las sanciones impuestas al asegurado y las reclamaciones contra bancos. Contar con la ayuda profesional que te ofrece una Correduría de Seguros de confianza te ayudará a decidirte por cual es la mejor opción para tu caso particular, y te informará sobre el gran catalogo existente en Seguros de protección jurídica, Seguros de hogar multirriesgo y Seguros multirresgo para Comunidades de Propietarios.

Fuentes: boe.es y elaboración propia.

 

¿SON UN RIESGO PARA LA SALUD LAS ESTACIONES ELÉCTRICAS URBANAS?

Cuando paseas por una acera quizá hayas visto una tapa metálica practicable en el suelo, por ahí se accede a un transformador eléctrico que da servicio a una zona. Quizá durante la noche te despiertes con frecuencia, revisa cuántos aparatos eléctricos tienes a tu alrededor. En tu edificio puede haber un cuarto que alberga un transformador, además de generar una servidumbre.

¿Quién le iba a decir a Edison tras patentar la primera bombilla incandescente comercialmente viable, e inaugurar en 1882 la primera central eléctrica para vender electricidad (comenzó con 80 clientes y 400 bombillas), que la electricidad se convertiría en algo tan imprescindible para la sociedad como lo es hoy en día? Basta mirar las calles, nuestras casas o a nuestro alrededor para darnos cuenta de la importancia que tiene la electricidad en nuestras vidas: la televisión, los ordenadores, Internet, la automatización de los procesos industriales, la iluminación artificial, las fabricas, etc., no se podrían concebir sin su presencia generalizada.

La electricidad es uno de los combustibles esenciales de nuestra sociedad moderna, y muchas personas la consideran una energía limpia, desconociendo que, por ejemplo, las líneas de alta tensión encargadas de su distribución pueden generan impactos ambientales significativos. Además de provocar emisión de ruido, interferencias de radiofrecuencia o la generación de ozono troposférico, las líneas de alta tensión producen un fenómeno denominado efecto corona, responsable de la generación de gases corrosivos, óxidos de nitrógeno y de ácido nítrico, así como de provocar la atracción y concentración de aerosoles contaminantes y gas radón. Por otra parte, desde hace varias décadas los científicos estudian los efectos que los campos electromagnéticos pueden ocasionar sobre los tejidos biológicos, centrándose en la posible relación existente entre contaminación electromagnética de baja frecuencia y el riesgo de padecer enfermedades como la leucemia, tumores cerebrales u otros tipos de cánceres. Un ejemplo es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), que ha incluido los campos electromagnéticos de baja frecuencia generados por los tendidos eléctricos e infraestructuras asociadas, como posible agente cancerígeno.

Desde hace décadas que la existencia de líneas de alta tensión o estaciones eléctricas próximas a núcleos urbanos y edificios residenciales provoca preocupación en las Comunidades de Propietarios, debido a la posible repercusión que la contaminación electromagnética puede tener en la salud. Si bien la información científica y técnica no proporciona evidencias claras, son muchas las denuncias realizadas por familias que se han visto obligadas a convivir con una instalación eléctrica cerca de sus hogares y uno o varios de sus miembros han desarrollado un proceso canceroso. Además diversos organismos supranacionales e internacionales han querido intervenir de manera cautelar dictando recomendaciones sobre las distancias que deben mediar entre los campos electromagnéticos y las zonas en las que las personas pasen un período de tiempo significativo.

Las Comunidades de Propietarios deben conocer que en España existe un Reglamento de Líneas de Alta Tensión, que en su artículo 25 establece unas distancias límite para evitar las posibles afecciones sanitarias derivadas de una exposición continua a campos electromagnéticos de baja frecuencia. Además, en los años 2001 y 2003 el Ministerio de Sanidad y Consumo planteó la necesidad de reformar dicho Reglamento para “redefinir unas distancias mínimas de seguridad desde las líneas de alta tensión a edificios, viviendas o instalaciones de uso público y privado” y de “actualizar la fórmula de referencia para la distancia de seguridad a líneas de alta tensión”. Algunos ayuntamientos pioneros, como el de Jumilla (Murcia), han tomado cartas en el asunto y han establecido un criterio mayor de seguridad, respetando las recomendaciones que se indican desde diversas instancias investigadoras.

Los efectos a largo plazo de los campos electromagnéticos en la salud humana suponen una constante incertidumbre que no ha logrado despejarse científicamente. Ante la duda, resulta necesaria una revisión de la normativa estatal y en los reglamentos de líneas de alta tensión, subestaciones y transformadores, que tenga en cuenta el principio de precaución. Del mismo modo, las Comunidades de Propietarios deben buscar un sistema de protección y prevención adecuado ante los diversos riesgos que puedan ocasionarles las estaciones eléctricas próximas a sus inmuebles. Un Seguro multirriesgo para Comunidades de Propietarios, que ofrezca garantías indispensables como prestaciones de defensa y reclamaciones jurídicas, es sin duda la mejor elección. Desde Seguro Comparador puedes calcular el precio del seguro más conveniente, en tan solo unos minutos y de forma on line. Tan solo tienes que hacer click aquí para comprobarlo.

Fuentes: ecologistasenaccion.org, boe.es, mscbs.gob.es y elaboración propia.

 

¿SON LAS ANTENAS DE TELEFONÍA INSTALADAS EN EDIFICIOS UN RIESGO PARA NUESTRA SALUD?

Las Comunidades de Propietarios cuyos edificios alcanzan una cierta altura son objeto de atención para ciertos negocios, también para riesgos no evaluados. Vivimos rodeados de radiación electromagnética. Nuestro cuerpo es atravesado por millones de ondas electromagnéticas, la mayoría de ellas tienen origen natural, como la radiación solar o la terrestre, pero muchas otras son generadas de manera artificial, fundamentalmente ondas de radiofrecuencia derivadas de las transmisiones de televisión, radio, radar, telefonía móvil o redes wifi. Sin duda alguna el avance tecnológico incrementa la exposición del mundo animal racional e irracional. A pesar de que hoy en día no existan estudios que lo ratifiquen al 100%, en valores altos de intensidad y exposición, estas emisiones artificiales se relacionan con problemas de salud como pueden ser falta de concentración, insomnio, estrés, dolores de cabeza, agitación nerviosa e incluso enfermedades como la lipoatrofia, enfermedad relacionada en edificios, que se manifiesta con alteraciones en las extremidades.

En un encuentro organizado en 2011 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 31 expertos de 14 países tras revisar y analizar datos científicos relacionados con los campos electromagnéticos llegaron a la siguiente conclusión: “las radiaciones electromagnéticas de los teléfonos móviles han de ser clasificadas como posible carcinógeno para las personas”. Desde el otro frente de la polémica, muchos expertos aseguran que este tipo de ondas son totalmente inocuas para el ser humano, ya que no se ha encontrado evidencia que demuestre ninguna asociación entre la exposición a los campos electromagnéticos, dentro de los límites recomendados, y enfermedad alguna. ¿Quién tiene realmente la razón?, pese a los cientos de estudios realizados desde todas partes del mundo, hoy por hoy aún no se ha logrado llegar a un acuerdo sobre los posibles riesgos de las ondas electromagnéticas y los especialistas continúan con este debate.

Sea como sea, la realidad es que la incidencia que los campos electromagnéticos pueden tener sobre la salud lleva años creando una creciente inquietud y preocupación en nuestra sociedad, sobre todo en muchas Comunidades de Propietarios que poseen antenas repetidoras de telefonía móvil en sus edificios, tras ser alquiladas parte de sus azoteas a operadores de telefonía móvil para la instalación de las denominada estaciónes base transceptoras (EBT) y de sus equipos complementarios. Muchos vecinos, alarmados por los posibles efectos de sus radiaciones en la salud, han creado asociaciones y plataformas que luchan contra la instalación de dichas antenas en sus inmuebles o en los colindantes, alegando además de los riesgos sanitarios citados, repercusiones económicas negativas sobre el valor de las viviendas y el sobrepeso al que se ven sometidas las estructuras de los edificios, además del riesgo que representan los fenómenos de la naturaleza cuando ésta manifiesta su enorme fuerza destructora como ha sucedido recientemente en Mallorca y Málaga.

Incluso desde FACUA (Consumidores en Acción) advierten sobre los factores de riesgo que implica la instalación de una antena repetidora en una Comunidad de Propietarios, haciendo hincapié en que algunas compañías de seguros se niegan a cubrir los posibles daños que se puedan derivar de los campos electromagnéticos producidos por estas antenas, ya que los riesgos son inciertos y las indemnizaciones a pagar en un futuro, de confirmarse, podrían ser enormes. También informan que tan sólo hace falta que un propietario se niegue a la instalación de la antena para que ésta no pueda realizarse, siempre y cuando la azotea tenga asignado un uso, ya que el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal indica que las decisiones que afecten al título constitutivo del edificio deberán aprobarse por unanimidad si se trata de elementos que tengan asignado un uso específico en el inmueble.

Obtenida la aprobación de los propietarios, para su instalación se necesita previamente la correspondiente licencia municipal, no disponer de ella podría dar lugar al rehúse de la indemnización de los daños propios o a terceros en caso de siniestro, por parte de la aseguradora.

Las infracciones contra la normativa urbanística en la instalación y conservación de la antena serán responsabilidad de la empresa instaladora, el propietario o Comunidad de Propietarios del edificio o terreno en que se ubique la antena; El asesoramiento, defensa y depósito de fianzas ante éstos hechos puede ser realizada a través de un Seguro de protección jurídica que permite asegurar un presupuesto sin sobresaltos jurídicos.

Como podemos observar, los posibles riesgos para la salud humana que puedan tener las antenas base de las redes de telefonía móvil es un tema polémico y complejo tanto para los ciudadanos como para las Comunidades de Propietarios que pudieran tener que enfrentarse a riesgos de reclamaciones en un futuro tal como ha sucedido con la aluminosis o el amianto. De lo que hoy podemos estar seguros es de que es muy probable que en este instante estemos a menos de unas pocas decenas de metros de una antena, y así lo podemos comprobar visitando el portal infoantenas del Ministerio de Industria dónde pueden consultarse los distintos niveles de energía electromagnética emitida en todo el territorio de nuestro país. Con la radiación de telefonía móvil, como con todos los agentes sospechosos o dudosos de poder tener efectos cancerígenos, debe actuarse siempre bajo el principio de precaución y prevención. Cuidar de nuestra salud y la de nuestros seres queridos es sin duda una prioridad para todos nosotros, y con este propósito desde José Silva Correduría de Seguros nos ofrecen una amplia gama de Seguros de Salud, entre los que cabe destacar el Seguro de salud para familias y el Seguro vida mujer. No dudes en consultarles información sobre las coberturas, prestaciones, productos disponibles y cuadro médico de estos seguros médicos.

Fuentes: mincotur.gob, facua.org y elaboración propia.

 

¿CÓMO DEBE ACTUAR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ANTE VECINOS QUE INCUMPLEN LOS TÉRMINOS DE SALUBRIDAD?

Por la confusión que genera el término, entendemos por vecino (sin distinción de género) cualquier persona que habita en un edificio de propiedad vertical u horizontal, que puede tener la condición de propietario, inquilino, usuario, invitado o transeúnte (los pisos turísticos fomentan ésta).

En general, los seres humanos somos sociales por naturaleza, tanto la familia, la escuela o el entorno laboral nos inculcan una serie de valores y enseñanzas que nos ayudarán a formarnos como sujetos y a convivir en sociedad. La vida en la Comunidad de Propietarios, cualquiera que sea su tamaño, precisa unas normas que aseguren la correcta convivencia de sus integrantes. El individuo debe ser consciente de que lo primordial es el bienestar común, por encima de sus deseos personales, más aun si estos pudiesen perjudicar de alguna manera a los demás o poner en riesgo el confort de todos.

Es por ello que, para facilitar una correcta y tranquila convivencia de sus vecinos, las Comunidades de Propietarios poseen una serie de reglas y normas internas e incluso unos estatutos, que regulan los derechos y obligaciones de sus propietarios y por extensión de los demás vecinos mientras permanezcan o utilicen sus instalaciones. En ocasiones, ocurren conflictos motivados por usuarios que incumplen los preceptos básicos de convivencia con el resto de habitantes del edificio o urbanización al realizar actividades prohibidas o que incumplen las disposiciones generales sobre actividades insalubres. ¿Cómo debe actuar la Comunidad de Propietarios? ¿Quien es el encargado idóneo para intentar solucionar el conflicto? ¿ Dónde se puede denunciar a la persona que tiene un estilo de vida insalubre, que perjudica a los demás integrantes de la comunidad?

Las posibles soluciones dependerán de si se trata de un propietario o no (nos referimos siempre como término neutro que identifica cualquier género). En primer lugar, es conveniente intentar arreglar el conflicto mediante la vía amistosa, poniendo en conocimiento del infractor de cuáles son las normas aprobadas por los propietarios. Para ello es aconsejable que el Presidente de la Comunidad se ponga en contacto con la persona que incumple los términos de salubridad, preferiblemente por escrito, y le informe del malestar que causa al resto de vecinos su actitud. En el caso de que la actividad o conducta continúe, será necesario que el Presidente o el Administrador de Fincas, por mandato del primero, efectué un requerimiento previo de forma fehaciente (por ejemplo, mediante burofax, o conducto notarial) para que cese de forma inmediata en su comportamiento, advirtiéndole además de que, de no hacerlo en un plazo prudente, se tomarán acciones judiciales contra él. La tenencia de un seguro de Protección Jurídica amplio facilita la adopción de éstas medidas al disponer, sin coste adicional, de un servicio de Asesoría Telefónica, elaboración de informes y peritajes y los servicios de abogados expertos en la materia.

Solicitar la intervención de un Administrador de Fincas especializado en Mediación Civil y Mercantil suele aportar soluciones ingeniosas y eficaces por su experiencia en la resolución de conflictos vecinales. Algunos Colegios Profesionales disponen de un servicio para éstas situaciones.

Si ninguna de estas medidas da resultado, el presidente deberá convocar una Junta Extraordinaria cuyo orden del día recogerá el motivo, para informar a los propietarios del problema y tratar de obtener un acuerdo de mayoría simple, para que la Comunidad inicie una acción judicial de cesación contra el vecino insalubre. Posteriormente se presentará un escrito que recoja los hechos y la problemática que están aconteciendo en la comunidad ante una oficina de atención ciudadana o en el ayuntamiento, ya que cualquiera de estas instituciones puede dar curso a una demanda. Conviene apuntar que este trámite es completamente gratuito, sin embargo la obtención de pruebas puede representar un coste para la Comunidad de Propietarios, de ahí la importancia del seguro de Protección Jurídica. En el caso de que no se consiga la mayoría suficiente, cualquiera de los vecinos que se sientan afectadas por los problemas de sanidad puede denunciar, sin importar si se trata de un copropietario o no (algunos Seguros de Hogar ofrecen la garantía de reclamación de éste tipo de problema, en el momento de contratarlo conviene recibir un asesoramiento profesional). Se iniciará así un juicio de equidad en el que un Juez evaluará el problema y valorará si procede o no el inicio de la acción de cesación.

En ambos casos, si finalmente queda demostrado el incumplimiento de los términos de salubridad, el vecino infractor se enfrentará a consecuencias que pueden ser de leves a severas, dependiendo de la magnitud del problema:

• Si se trata de un caso de insalubridad leve, estará obligado, además de cambiar su estilo de vida, a compensar los daños y perjuicios que haya causado a los demás copropietarios.

• Si se tratase de un caso realmente grave, que pudiese afectar a la salud de los demás vecinos, el juez puede disponer el desalojo de la vivienda durante un periodo máximo de tres años si es propietario, o el desahucio permanente si es inquilino.

Los casos más comunes de denuncias por insalubridad en una Comunidad de Propietarios son las relacionadas al síndrome de Diógenes, una enfermedad que se caracteriza por que los pacientes acumulan objetos de una forma excesiva y patológica. Los vecinos suelen dar la voz de alarma en estas ocasiones, debido a que la acumulación de basura origina olores y da lugar a plagas de insectos y roedores. El seguro Multirriesgo de la Comunidad de Propietarios no cubre los daños propios ni a terceros que tengan origen en ésta causa.

Fuentes: Ley de Propiedad Horizontal, Código Civil, boe.es y elaboración propia.

 

EL ESTRÉS DEL ADMINISTRADOR DE FINCAS

El trabajo del Administrador de Fincas conlleva enfrentarse a una excesiva burocracia, estar al día de la legislación estatal, autonómica y local, llevar a cabo un gran número de gestiones ante las Comunidades de Propietarios que sus vecinos delegan en él, sumadas a las que se presentan de forma inesperada o accidental . Su día a día es una aglomeración de juntas ordinarias, extraordinarias e informativas, reuniones con proveedores, contactos con servicios, tramitación de incidencias y siniestros y un largo etcétera de tareas que precisan de un altísimo nivel organizativo y de un esfuerzo físico y mental considerable. El Administrador de Fincas conoce que la valía real de su profesión es gestionar y administrar sus Comunidades de Propietarios de manera eficaz, sin ocasionar ningún inconveniente o molestia a las mismas, y que para ello tendrá que hacer largas jornadas laborales, estar disponible por si sucede cualquier eventualidad o imprevisto que requiera de su presencia y obtener un beneficio acorde a su dedicación. Toda esta carga de trabajo puede provocar que el Administrador de Fincas se vea afectado por uno de los males más comunes de nuestro tiempo: el estrés laboral.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), recientemente se ha referido a este tipo de estrés como “la enfermedad del siglo”, debido a que es el primer riesgo psicosocial al que se enfrentan los trabajadores y la segunda causa de baja laboral en los países europeos. Factores como un elevado nivel de responsabilidad que pone a prueba la capacidad del individuo, sumado a relaciones laborales negativas pueden propiciar la aparición de síntomas fisiológicos, cognitivos, conductuales o emocionales que provocan una gran frustración en el trabajador, que finalmente se ve superado por esta situación. Además, el estrés en el trabajo está asociado con una reducción de la productividad y un descenso de la calidad de vida, tanto de aquellos que lo sufren como de su entorno más próximo. El Administrador de Fincas, en general, desempeña su profesión como autónomo o empresario, en ambos supuestos la cobertura que le proporciona el Sistema Público de Salud es insuficiente para afrontar tal situación.

Debemos tener en cuenta que el estrés es una respuesta fisiológica natural del ser humano, es decir, actúa como un mecanismo de defensa que prepara nuestro organismo para afrontar situaciones que presentan un nivel de exigencia superior o que se perciben como una amenaza. El problema se da cuando esta respuesta natural del organismo se activa en exceso o de modo prolongado, lo que puede dar lugar a problemas de salud en el corto, medio o largo plazo, por lo que es conveniente diagnosticarlo lo antes posible para lograr combatirlo. Tensión en las juntas, personal laboral sin alta cualificación y tonos de voz disonantes.

Profesiones como la de Administrador de Fincas, que suelen soportar sobrecarga laboral o estar expuestas a sufrir una exposición continua a reclamaciones o quejas de clientes, deben ser especialmente sensibles en la prevención y el cuidado del estrés laboral, ya que de no ser tratado a tiempo puede traer graves complicaciones. Un claro ejemplo es el Síndrome de Burnout o síndrome del trabajador quemado, que se caracteriza por una situación de estrés permanente y acumulativo y malestar físico, que puede acabar ocasionando al profesional una falta de motivación debido a una dinámica mental negativa que hace percibir cada nueva jornada laboral como un reto inasumible.

La clave para un tratamiento eficaz del estrés laboral es, en primer lugar, su temprana identificación, ya que cuanto antes se trabaje en el problema, antes será capaz de mantenerlo bajo control y solucionarlo. Varios estudios apuntan que la combinación de técnicas de relajación con determinados estiramientos y ejercicios antiestrés, así como conocer y utilizar estrategias asertivas son una excelente manera de reducir significativamente los síntomas del estrés. Pero para lograr una adecuada solución del problema, es necesario que el profesional busque organizar su labor de manera que ésta no se convierta en una carga imposible de soportar. Ayudas, como por ejemplo el uso de las nuevas tecnologías o la externalización de servicios son herramientas que el Administrador o Administradora (su incorporación es creciente, con el peso familiar en algunos casos) puede utilizar para lograr reducir la sobrecarga de tareas. Contar, por ejemplo, con una Correduría de confianza que se ocupe de analizar los riesgos y seleccionar los mejores Seguros para sus Comunidades de Propietarios y de los trámites necesarios, descargándole así de trabajo, preocupaciones, al reducir los tiempos y costes de gestión, es una opción muy aconsejable para todo Administrador de Fincas, sin olvidar que puede representar un aprovechamiento económico de su fondo de comercio.

El estrés laboral no tratado puede convertirse en una alteración que influya de forma negativa en la salud hasta el punto que se necesite una baja laboral para poder recuperarse. Para garantizar el equilibrio económico ante una situación de incapacidad temporal existen Seguros especializados en Administradores de Fincas, que aseguran el cobro de un salario durante el tiempo que el profesional se encuentre afectado por una alteración en su estado de salud a consecuencia de una enfermedad o accidente.

La Correduría de Seguros José Silva, experta en seguros para comunidades de propietarios y especialista en ofrecer las mejores coberturas y precios del mercado, está a vuestra disposición para informar mediante la implantación de un Plan de Trabajo flexible, orientado a la colaboración mercantil para una mejora del rendimiento profesional.

Fuentes: estreslaboral.info y elaboración propia.