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LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE CORREDOR DE SEGUROS Y ASEGURADO

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE CORREDOR DE SEGUROS Y ASEGURADOLos seguros nos protegen frente a un riesgo, así como a nuestros bienes, y nos ofrecen cobertura en caso de accidente, daño y otra multitud de eventualidades que nos puedan suceder. Un buen seguro nos proporcionará tranquilidad, confianza y garantía, de la misma manera que nos la debe brindar la persona que nos informe y asesore en el momento que decidamos contratarlo. Un corredor de seguros es sin duda la mejor opción llegado este momento, ya que se trata de un mediador especializado, independiente e imparcial (está libre de vínculos con ninguna compañía aseguradora), que recomendará a sus clientes las coberturas y las entidades que mejor se adapten, a su juicio profesional, a sus necesidades. Nos referimos a una profesión reglamentada y regulada por la Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, que exige una formación específica y un título exigido por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

Una vez firmado el contrato del seguro el papel del corredor no concluye, sino que seguirá asistiendo al cliente durante toda su duración, con un trato cercano y personalizado y ejerciendo una defensa activa de los intereses del asegurado. Para poder velar por la satisfacción de su cliente, resulta primordial que exista una comunicación fluida entre corredor y asegurado, que permita conocer nuevos riesgos o variaciones en los bienes que son cubiertos y así lograr evitar problemas llegado el caso de ocurrir un percance:

  • El asegurado debe avisar al corredor de cualquier nueva circunstancia que puedan influir en la valoración del seguro.
  • Durante la duración de la póliza el asegurado debe comunicar tan pronto como le sea posible cualquier circunstancia que pueda agravar el riesgo, ya que de producirse un siniestro antes de haberlo comunicado, puede que la indemnización se reduzca significativamente, o incluso que el asegurador quede liberado de su prestación. Así mismo debemos avisar de cualquier circunstancia que disminuya el riesgo, ya que se podría lograr una reducción en el precio del seguro.
  • Se deber poner en conocimiento del corredor cualquier inexactitud o variación de los objetos asegurados y de su situación. Tener una póliza optimizada y al día logrará que sea mucho más sencillo obtener una indemnización o reparación de cualquier daño.

La manera de conseguir que el corredor de seguros asista de una forma óptima a su cliente a lo largo de toda la vida del contrato de su seguro, controlando su ejecución y revisando constantemente que se siga adaptando a sus nuevas necesidades, es logrando que dicha vía de diálogo entre ambos sea continua. El corredor deberá vigilar el correcto cumplimiento por parte de la compañía de seguros e informar de cada una de las novedades que le pudiese interesar a su cliente. Del mismo modo, el asegurado deberá transmitir cualquier incidencia, cambio o circunstancia que pueda alterar el Seguro.

Los Corredores y las Corredurías (cuando se constituyen como empresas) son los verdaderos consultores y asesores en materia de riesgos por su independencia y objetividad y amplio conocimiento del mercado, de las compañías de seguros con las que trabajan y cuál es la compañía más apropiada para unos y otros riesgos. También la especialización es uno de los valores que aportan a los clientes, además del conocimiento que se adquiere a través de los propios clientes del sector – por ejemplo las Comunidades de Propietarios-. Su presencia geográfica directamente o a través de alianzas con otras Corredurías; su poder de compra para conseguir las mejores coberturas y precios; el poder de resolución de siniestros reduciendo tiempos y consiguiendo las máximas indemnizaciones, en siniestros grandes o pequeños y finalmente la realización de informes y análisis adecuados que permitan tomar las decisiones correctas.

En definitiva el Corredor o la Correduría ayuda a cumplir los objetivos del seguro y resulta fundamental para conseguir una mejor protección de los Asegurados.

Fuentes: boe.es, dgsfp.es y elaboración propia.

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RIESGOS DEL INTERNET DE LAS COSAS EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

RIESGOS DEL INTERNET DE LAS COSAS EN CCPPLa domótica es el conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de un edificio y entre sus principales objetivos destacan el incremento del bienestar, el ahorro energético, la seguridad, la comunicación y la accesibilidad de sus ocupantes. De ahí que, cada vez, más las Comunidades de Propietarios constituidas recientemente, opten por los sistemas automáticos de control de sus instalaciones. Esta integración de la tecnología (IoT) en el diseño inteligente de un recinto cerrado parece solo tener ventajas:

  • Automatización de apagado y encendido en cada punto del edificio.
  • Regulación de la iluminación según el nivel de luminosidad ambiente.
  • Integración del portero automático al teléfono o del videoportero al televisor.
  • Desconexión de equipos de uso no prioritario en función del consumo eléctrico en un momento determinado.
  • Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de algunos aparatos a horas de tarifa reducida.
  • Detección y prevención de un posible intruso.
  • Detección de incendios, escapes de agua, gas, etc. Esto podría repercutir en una reducción de las primas de seguro.
  • Control local y remoto de los sistemas.
  • Transmisión de alarmas.
  • Instalaciones de control remoto del entorno destinadas a favorecer la autonomía personal de personas con limitaciones funcionales o discapacidad.

Sin embargo, los propietarios que habitan en las Comunidades de Propietarios que implanten estos sistemas han de ser conscientes de los nuevos riesgos a los que se enfrentarán. Un ejemplo de ello son los circuitos cerrados de televisión por cámaras IP (de los que ya hablamos en este artículo) que requieren una constante actualización y mantenimiento para evitar vulnerabilidades. En los edificios comunicados a Internet, los ciberdelincuentes pueden encontrar un escenario perfecto para llevar a cabo su actividad, ya que la mayor parte de los dispositivos no han sido diseñados pensando en patrones de ciberseguridad, o lo que es lo mismo, security by design, y esto hace que tengan muchos puntos vulnerables desde los que un atacante podría acceder a la red local. Además, debemos conocer que la implantación del IoT (Internet of Things) ha complicado el trabajo a las compañías de ciberseguridad, porque antes la frontera de seguridad del cliente estaba en una única red, pero ahora los edificios inteligentes y sus dispositivos pueden registrar una media de en torno a 15000 direcciones IP .

Es por todo ello que si decidimos implantar sistemas domóticos en nuestras instalaciones comunitarias debemos ser conscientes y conocedores de la existencia de los peligros reales a los que nos expondremos, ya que en muchas ocasiones apostamos por la tecnología pero ignoramos absolutamente los riesgos asociados a ella. El asesoramiento de una correduría de seguros ayudará y guiará en la contratación de un buen seguro de ciberriesgo y resolverá las dudas y necesidades para que éste responda a las expectativas del consumidor. Hoy por hoy este servicio profesional no tiene un coste para el tomador del seguro, ni probablemente la auditoría previa.

Fuentes: Silicon.es y elaboración propia.

 

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PRÁCTICAS INCORRECTAS DEL MERCADO ASEGURADOR

reclamacion seguroLos datos estadísticos del Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (D.G.S.) analizados en nuestro blog aportan datos sobre el comportamiento del sector, también se destacan algunas prácticas del mercado que el supervisor considera no apropiadas, algunas de ellas las comentamos a continuación.

ASUNTO PRIMERO: El reclamante denunciaba la falta de emisión por parte de la aseguradora de la oferta motivada.

INFORME FINAL: El Servicio de Reclamaciones consideró incumplido el artículo 7.2 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

El reclamante exponía que había sufrido lesiones como ocupante de un automóvil al sufrir un accidente de circulación. Había procedido a reclamar a la entidad aseguradora del responsable, en calidad de tercero perjudicado, la oferta motivada. El reclamante consideraba que la entidad no había presentado oferta ni respuesta motivada en el plazo legalmente establecido. Por su parte, la entidad manifestaba que el reclamante había sido indemnizado, correspondiéndose el pago con la oferta motivada realizada conforme al artículo 7.2 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

El Servicio de Reclamaciones concluyó que la entidad había remitido al perjudicado una oferta motivada al objeto de proceder al cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. Sin embargo, de la documentación aportada al expediente se deducía que la presentación de esa oferta motivada realizada por la entidad, se había remitido tras un plazo superior al de tres meses establecido en el artículo 7.2 de la normativa precitada. En este sentido, la entidad, a partir de la fecha de presentación de la reclamación del perjudicado, y en el plazo de 3 meses desde la misma, debió, si consideraba que no era suficiente la información recibida, dar una respuesta motivada conforme al artículo 7.4 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Todo ello sin perjuicio de que la entidad en la presentación de la oferta motivada no había incluido los documentos o informes a que está obligada por la citada normativa.

CONCLUSIÓN: Si las aseguradoras, en el plazo de 3 meses que establece el artículo 7.2 de la norma precitada, no disponen de información suficiente, deben proceder a remitir, al menos, una respuesta motivada al perjudicado indicando de manera motivada tal extremo.

ASUNTO SEGUNDO: La entidad no consideraba que los perjuicios causados a su asegurado por un tercero debían incluirse en la valoración de los daños y perjuicios totales causados al mismo.

INFORME FINAL: El Servicio de Reclamaciones consideró que los daños estéticos debían formar parte de la valoración del siniestro a los efectos del cálculo del límite de la garantía de defensa jurídica.  El reclamante había comunicado a su entidad aseguradora un siniestro derivado de la realización de determinadas obras por parte de su vecino que le habían ocasionado daños, por lo que solicitaba que la entidad aseguradora reclamase a dicho vecino los daños y perjuicios producidos. El importe de los daños peritados ascendían a de 278,91 €, más 120 € correspondientes a los perjuicios causados en concepto de reparación de la unidad estética de la estancia afectada de su vivienda.

La entidad aseguradora alegaba que tras diversas gestiones extrajudiciales, había estudiado la vía de la reclamación judicial. No obstante, el importe de los daños tasados por su perito eran inferiores a 300 euros que es la cantidad mínima garantizada para emprender una acción judicial en la medida en que la valoración de los daños directos ascendían únicamente a 278,91 €, por ser los 120 € restantes  daños estéticos que no consideraba objeto de cobertura en la póliza.

El Servicio de Reclamaciones concluyó que en los supuestos de culpa extracontractual debe darse cumplimiento al principio del resarcimiento integral de los daños, conforme al artículo 1.902 del Código Civil, debido a que el perjudicado en ningún caso puede quedar en peor situación que la que tenía en el momento anterior al siniestro. Por ello, no podía deducirse del importe de los daños peritados el importe de los perjuicios derivados del siniestro. En el caso examinado, el informe pericial determinaba daños y perjuicios por importe de 278,91 € y 120 € respectivamente, lo que haría un total de la reclamación de 398,91 €, lo que superaría el importe de 300 € previsto en la póliza. Por ello la entidad debía proceder a cubrir la defensa jurídica solicitada por el asegurado.

CONCLUSIÓN: En los supuestos de culpa extracontractual, debe darse cumplimiento al principio del resarcimiento integral de los daños, conforme al artículo 1.902 del Código Civil.

ASUNTO TERCERO: La entidad consideraba que el supuesto de hecho objeto de controversia estaba subsumido en las exclusiones de la póliza y, por tanto, fuera de cobertura.

INFORME FINAL: Este Servicio apreció un incumplimiento del artículo 18 de la Ley de Contrato de Seguro

El reclamante exponía en su escrito inicial de reclamación que tenía contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil para su negocio de lavandería y que había declarado un siniestro a la entidad aseguradora por la reclamación de una clienta motivada por daños producidos a un edredón durante el ejercicio de su actividad. La aseguradora había rehusado el siniestro.

La aseguradora reclamada argumentaba que los daños se habían ocasionado como consecuencia de un error de tratamiento del edredón cuando se encontraba en depósito del asegurado. Alegaba que, de acuerdo con el artículo 3.1.a) y b) de las condiciones generales de la póliza, no se cubrían las responsabilidades profesionales derivadas de omisiones o errores técnicos con ocasión de los trabajos ni los daños sufridos en los bienes propiedad de terceros que por cualquier motivo se hallasen en poder del asegurado o de las personas de quienes éste sea responsable.

En relación con la primera exclusión, este Servicio concluyó que la entidad debía acreditar que efectivamente se había producido una omisión o un error técnico a efectos de entender subsumido el supuesto de hecho en la precitada exclusión. Por lo tanto, en la medida en que no se probó tal circunstancia, no podía aplicarse la exclusión.

En lo que se refiere a la segunda exclusión, este Servicio concluyó que el ejercicio de este tipo de actividad (lavandería) exige necesariamente el depósito y manipulación por parte del asegurado o sus dependientes de las prendas de los clientes. En la póliza objeto de la reclamación, el acaecimiento de un siniestro en los términos discutidos, si bien sería objeto de cobertura por la responsabilidad civil de explotación, estaría asimismo delimitada por una exclusión que, en definitiva, implicaría que siniestros como el producido nunca estarían cubiertos. De esta manera, en el informe del Servicio de Reclamaciones se concluye que, si bien, mediante las exclusiones puede delimitarse el riesgo cubierto, lo que no puede ocurrir en la práctica, es que se elimine totalmente su cobertura. Por lo tanto, este Servicio apreció un incumplimiento del artículo 18 de la Ley de Contrato de Seguro y por tanto la entidad debía cubrir el siniestro.

CONCLUSIÓN: Si bien mediante las exclusiones recogidas en las condiciones generales de una póliza, puede delimitarse el riesgo cubierto, lo que no puede ocurrir en la práctica, es que se elimine totalmente su cobertura.

ASUNTO CUARTO: Imposición de condiciones al tomador de una póliza vinculada a un préstamo, para el ejercicio del derecho de oposición a la prórroga del mismo.   

INFORME FINAL:  El Servicio de Reclamaciones consideró que la aseguradora no podía imponer como condición para la cancelación de un seguro para un nuevo periodo, la acreditación del consentimiento del beneficiario del mismo (en este caso la entidad financiera prestamista). El reclamante había intentado, sin éxito por la negativa de la aseguradora, ejercer su derecho a la oposición a la póliza de vida vinculada a un préstamo.

La entidad alegaba que para proceder a la anulación del contrato era preciso que el asegurado aportase la documentación que le habían solicitado en varias ocasiones que consistía en la conformidad de la entidad bancaria concedente del préstamo, al existir una cesión de derechos a favor de la misma en el contrato. En el contrato aportado al expediente se incluía como primer beneficiario designado en caso de fallecimiento a la entidad bancaria.

El artículo 87 de la Ley de Contrato de Seguro establece que “el tomador de seguro puede revocar la designación de beneficiario en cualquier momento, mientras que no haya renunciado expresamente y por escrito a tal facultad (…)”. La misma ley establece una serie de facultades que corresponden al tomador (en este caso el reclamante) y entre ellas se encuentra el ejercicio del derecho de oposición a la prórroga de un contrato.

El criterio del Servicio de Reclamaciones fue considerar que no podía imponerse al reclamante la obligación de acreditar el consentimiento de la entidad bancaria concedente del préstamo, que simplemente figuraba como beneficiaria del seguro, como condición para poder ejercer su derecho a no renovar su póliza.

CONCLUSIÓN: El hecho de que un contrato de seguro esté vinculado a un préstamo no puede causar una merma en los derechos contenidos en la Ley de Contrato de Seguro para tomadores y asegurados.

El colofón a éste resumen de resoluciones es que algunas aseguradoras no aplican correctamente las cláusulas de sus propias pólizas, que para el tomador son contratos de adhesión con difícil interpretación. Utilizar los servicios profesionales de una Correduría de Seguros, que no representan un coste para el consumidor, es una garantía extra a la que renuncia quien busca la inmediatez de internet o basa su decisión exclusivamente en el low cost.

Fuente: D.G.S. y elaboración propia

 

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