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DESFIBRILADORES EN LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

DESFIBRILADORES EN LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOSEn las Comunidades de Propietarios, se nace, se vive y se muere. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país, ya que se producen cerca de 30.000 fallecimientos al año a causa de paradas cardiorespiratorias. La mínima disponibilidad de desfibriladores en España provoca que tras un paro cardíaco el índice de supervivencia se sitúe en el 4%, dato alarmante si lo comparamos con el de Estados Unidos, donde el porcentaje de salvación puede llegar hasta el 50% en condiciones similares. Este problema es debido a la inexistencia de una clara posición legal sobre la obligatoriedad de disponer de un desfibrilador en espacios públicos, ya que la legislación existente no es más que un conjunto de diferentes y desiguales normativas en las comunidades autónomas.

Las Comunidades de Propietarios pueden convertirse en una pieza clave para lograr reducir el número de víctimas mortales que provoca este tipo de patologías, sobre todo si tenemos en cuenta que el 70% de las paradas cardíacas se producen en el hogar. Debemos ser conscientes de que contar con un desfibrilador semiautomático en una zona común del edificio ayudaría a salvar multitud de vidas, sobre todo teniendo en cuenta que actuar dentro de los 5 primeros minutos tras el suceso es vital para la supervivencia de la persona afectada. Además aquellas comunidades que disponen de piscina, gimnasio, pistas de pádel, etc, tienen muchas más posibilidades de tener situaciones de riesgo, que pueden ser revertidas con el uso de un desfibrilador, como por ejemplo una parada cardíaca por ahogamiento, sobreesfuerzo o golpes de calor.

Pero a pesar de que un desfibrilador semiautomático lo puede utilizar cualquier vecino con un mínimo de formación, y su uso es válido tanto en adultos como en menores, son casi inexistentes las leyes o decretos de las Comunidades Autónomas que impongan la obligación de la instalación de desfibriladores en CCPP. Uno de los pocos ejemplos que podemos encontrar es el de Cataluña, que mediante el Decreto 30/2015 de 3 de marzo, establece la obligación de implantar uno de estos sistemas en edificios con capacidad o aforo para 2.000 o más personas o con una altura de evacuación igual o superior a 28 metros. También la Comunidad Autónoma de Madrid publicó el Decreto 78/2017 de 12 de septiembre del Consejo de Gobierno por el que se regula la instalación y utilización de desfibriladores externos y se crea su Registro. Los Administradores de Fincas adquieren una nueva responsabilidad de informar a sus clientes de las exigencias en ésta materia.

Para lograr evitar que la principal barrera para no instalar desfibriladores sea el coste, existen numerosas iniciativas que promueven la idea de “Comunidades de Propietarios Cardioprotegidas”. Para ello proponen un servicio básico de cardioprotección, accesible a cualquier comunidad de vecinos, independientemente de su tamaño o poder adquisitivo. El pack incluye desfibrilador, mantenimiento, vitrina con alarma, cartelería, formación para los vecinos en la propia comunidad y el certificado de Espacio Cardioprotegido.

Los Administradores de Fincas pueden promover ésta iniciativa en las Comunidades de Propietarios, alguno incluso ya realizó formación en primeros auxilios y trata el asunto, como el activo Salvador Jiménez, en su blog.

Si nuestra Comunidad de Propietarios finalmente decide apostar por la instalación de un desfibrilador debe tener en cuenta que, al igual que otros elementos comunitarios como los extintores, deben de contar con una mayoría de tres quintas partes de los propietarios que a su vez representen tres quintas partes del total de cuotas de participación para llevar adelante la propuesta y cumplirse una serie de requisitos. Entre ellos cabe destacar que el equipo debe contar con un mantenimiento continuado para que esté totalmente operativo en todo momento, y que ha de estar situado en una zona común y visible del edificio. También es de suma importancia que la CCPP incorpore al Seguro Multirriesgo éste equipamiento, a ser posible que cubra averías de maquinaria y equipos electrónicos, desperfectos por robo o actos vandálicos y Responsabilidad Civil de la comunidad.

Un desfibrilador en la comunidad de Propietarios protege a sus ocupantes, garantiza una rápida actuación y ayuda a salvar vidas; Su coste puede afrontarse mediante sistemas de financiación, renting o patrocinio de las empresas de servicios. Desde Seguro Comparador te ofrecen la posibilidad de calcular su coste de forma online en tan solo unos minutos. Compruébalo haciendo click aquí.

 

Fuentes: fundaciondelcorazon.com y elaboración propia.

 

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RIESGO Y RECLAMACIÓN POR AMIANTO Y OTROS AGENTES CANCERÍGENOS EN COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

RIESGO Y RECLAMACION POR AMIANTO Y OTROS AGENTES CANCERÍGENOS EN  COMUNIDAD DE PROPIETARIOSLa explosión de un almacén clandestino de material pirotécnico en Tui el pasado mes de mayo, aparte de ocasionar dos víctimas mortales, numerosos heridos y cuantiosos daños materiales, dejó al descubierto un auténtico problema de salud que continúa permaneciendo oculto en multitud de hogares de nuestro país: el amianto utilizado en la mayorías de las edificaciones construidas entre los años 60 y 80. Tan sólo de la zona cero de dicho siniestro fueron retiradas más de 100 toneladas de este material tóxico, causante de graves enfermedades como cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe, de ovario y asbestosis.

Según Ecologistas en Acción el amianto, también conocido como asbesto, sigue estando presente en toda España: en los metros, en las tuberías, en los tejados, en colegios, en naves industriales, marítimas y hasta hace poco también en los coches, ya que la regulación actual (Real Decreto 396/2006) no es concreta en lo referente a los plazos para su retirada, dejando la decisión en manos del criterio de vida útil de los materiales. Si bien es cierto que en 2013 se aprobó un directiva europea que hace obligatorio la elaboración de un censo con la uralita instalada en edificaciones y la retirada del fibrocemento, a día de hoy ningún gobierno de los países miembros de la unión ha puesto en funcionamiento esta medida.

En los edificios residenciales, el amianto suele estar localizado en el fibrocemento (habitualmente conocido como uralita), material utilizado para fabricar tuberías, las bajantes de numerosas instalaciones de agua, tejados o revestimientos, que no es peligroso siempre que se mantenga estable en su formato original. Mientras el amianto permanezca amasado con el cemento se considerará no friable, y no tendrá riesgo de dispersión de fibras, cuya contacto o inhalación es un grave peligro para la salud. El problema surge cuando, tras el paso de los años, el material se deteriora y hay posibilidad de dispersión de fibras de amianto, por lo que debe ser retirado de manera urgente.

Si una Comunidades de Propietarios observa que existen daños en canalones, techos o tuberías de fibrocemento (uralita), deberá solicitar inmediatamente los servicios de una empresa especializada y homologada en la retirada de este tipo de residuos. Dicha empresa deberá estar inscrita en el RERA, organismo regulador que capacita legalmente a retirar amianto de una forma segura y garantiza que tenga establecido todo el proceso necesario, sin ningún riesgo para la salud, tanto de los trabajadores como de los residentes del inmueble. Dicha empresa deberá redactar y presentar un plan de trabajo de retirada de amianto, aprobado por el departamento de seguridad laboral e higiene industrial de comunidad autónoma en la que se vaya a realizar, donde se detallarán los diferentes pasos del proceso de retirada y eliminación del amianto. Cuando ocurre un siniestro por rotura de tuberías con éste material, el procedimiento descrito anteriormente puede retrasar la reparación de los daños y ese tiempo, por falta de explicaciones o conocimiento, causa malestar en los vecinos afectados.

Debido a que el amianto es un grave riesgo para todos los habitantes de un inmueble que posea elementos fabricados con microcemento, la Comunidad de Propietarios debería proponer su retirada lo antes posible. Sin embargo, debido a los elevados costes que suponen estos trabajos, sumado a la falta de rigor en la legislación en cuanto a plazos, hace que a día de hoy en la inmensa mayoría de edificaciones aún se conviva con esta problemática a la espera de que sea la compañía de seguros la que asuma dichos costos.

Las Comunidades de Propietarios deben conocer que, aunque no hay ayudas oficiales destinadas únicamente a la retirada del amianto, existen subvenciones para la mejora de la eficiencia energética del edificio, mediante las cuales pueden ahorrar un importe del 30 por ciento del presupuesto necesario para el desamiantado y sustitución de los paneles de uralita por panel sándwich. Estos trabajos repercutirán beneficiosamente en materia de aislamiento térmico, debido a que los nuevos materiales proporcionan un funcionamiento mucho más eficiente con respecto a la uralita convencional, proporcionando además un claro ahorro en materia energética, que a largo plazo terminará por compensar económicamente.

En España un gran número de edificios todavía está en esta situación y muchas personas viven, a veces sin conocimiento de ello, en contacto con este material potencialmente peligroso. Es un motivo más por el que se hace aconsejable disponer siempre de un buen seguro de salud con el que se realicen reconocimentos preventivos que puedan detectar de forma temprana cualquier patología relacionada con el riesgo que supone el amianto.

Las Comunidades de Propietarios deben velar por la seguridad y salud de todas las personas que conviven en ellas, por lo tanto es necesario que a través de la figura del Presidente o del Administrador de Fincas se informe a los propietarios de la existencia de amianto en el edificio y de la necesidad de realizar reformas y rehabilitaciones del inmueble, omitir voluntariamente ésta información puede llevar consigo reclamaciones al presidente y administrador de fincas con elevado riesgo de no ser aceptadas por la compañía de seguros al actuar dolosamente. Para estos casos es imprescindible la posesión por parte de la CCPP de un Seguro de obras, que preste cobertura frente a la amplia variedad de riesgos que pueden afectar a la ejecución de una obra. Desde Seguro Comparador nos ofrecen una aplicación donde comprobar de forma online cuánto puede costar el seguro que tu comunidad necesita. Calcúlalo haciendo click aquí.

 

Fuentes: boe.es, ecologistasenaccion.org, wikipedia.org y elaboración propia.

 

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