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Dudas frecuentes en torno a la concesión de préstamos a la comunidad

crédito comunidades de vecinosHay ocasiones en las que las comunidades necesitan encontrar financiación, normalmente cuando van a llevar a cabo obras de mantenimiento y rehabilitación muy necesarias, incluso exigibles por Ley, que son muy costosas.

Una forma de conseguirla es acudir a la entidad financiera con la que opera nuestra Comunidad y solicitar un préstamo, para lo que pueden surgir algunas dudas: ¿Tendremos que firmar todos los propietarios el préstamo?, ¿qué documentación se requiere?, ¿quién responde al importe financiado?, ¿qué productos vinculados nos obligarán a suscribir?…

Según la Ley, las comunidades de propietarios tienen personalidad jurídica para contratar operaciones crediticias con el fin de llevar a cabo obras de rehabilitación, tal y como regula el art. 9.4 y 9.5.a) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

La comunidad de propietarios deberá aprobar en una Junta General la solicitud de financiación a las entidades financieras, y la cesión de información a terceros según LOPD. El presidente firmará el préstamo en representación de la comunidad de propietarios, nunca a título personal, por lo que no deben firmar el resto de propietarios.  De esta forma la comunidad será la que responda al importe financiado, así lo indica el art. 9 de la LPH que describe las obligaciones de los propietarios, y el art. 22 de la LPH no deja dudas sobre la capacidad de recobro que tienen las entidades financieras y otros acreedores de cara a un hipotético préstamo impagado por una comunidad.

En cuanto a la documentación, el presidente deberá reunir una fotocopia del libro de actas de la junta en la que se recoge el acuerdo, certificado del acuerdo de realización de la inversión y solicitud de financiación expedido por el administrador. En aquellas obras en las que sea preciso el proyecto técnico, se deberá aportar también la licencia municipal para la ejecución de las mismas. Además, es necesario presentar el presupuesto de las obras para las que se solicita financiación e informar del estado de las cuentas de la comunidad en un informe del administrador.

Es importante saber que ICO, El Instituto de Crédito Oficial, tiene una línea de financiación en unas condiciones ventajosas denominada ICO Empresas y Emprendedores donde los particulares y comunidades de propietarios pueden solicitar financiación para la rehabilitación de sus viviendas. Ya hemos hablado reiteradamente sobre ello, pero sigue siendo necesario recordar que ninguna entidad financiera, banco o caja, pueden obligar a suscribir seguros por el hecho de conceder préstamos para la rehabilitación. Son numerosas las situaciones identificadas de imposición de pólizas ineficaces.

Por último, queremos recordar la importancia de asegurar las obras de rehabilitación frente a daños materiales que pudieran producirse con un buen seguro ya que se trata de una inversión de gran envergadura. En José Silva somos expertos en seguros para comunidades de propietarios y nuestro objetivo es proteger el día a día de la comunidad.

Fuente: heraldo.es y elaboración propia

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Implicaciones en el desarrollo del coche eléctrico por parte de las comunidades y los Administradores de Fincas.

coche eléctrico recargándose en garaje comunitarioLa necesidad de energías limpias y alternativas al petróleo está calando entre los ciudadanos que a título particular quieren disponer de un vehículo eléctrico y, lógicamente, aparcarlo en el garaje de su vivienda. Es en este punto en el que está implicada la comunidad, en el caso de los garajes de propiedad horizontal, porque la instalación de puntos de recarga deberá pasar por elementos comunes y en los edificios de más de 40 años probablemente sea necesario una nueva instalación eléctrica.

El Gobierno aprobó modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para regir y facilitar la instalación de puntos de recarga: “Si se trata de instalar en el aparcamiento del edificio un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado, siempre que éste se ubicara en una plaza individual del garaje, sólo se requerirá la comunicación previa a la comunidad de que se procederá a su instalación”, dejando claro que “el coste de dicha instalación será asumido íntegramente por el o los interesados directos de la misma”, a excepción de los residentes en Cataluña donde rige una LPH específica para la región que no ha introducido este supuesto (y deja la decisión a cargo de la junta vecinal), aunque se está trabajando en modificarlo.

El problema es que no se contempla el hecho de que la instalación afecta necesariamente a elementos comunes del edificio y no define:

– por dónde han de transcurrir las canalizaciones que van desde el cuarto general de contadores hasta el punto de recarga del propietario,

– quien decide el trazado y en base a qué criterios

Según la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) una solución posible sería que la comunidad fijase en sus normas de régimen interno unos criterios comunes. Es aquí donde la figura del Administrador de Fincas juega un papel fundamental porque es quien coordina a los distintos proveedores y conoce la legislación, por lo tanto está capacitado para aconsejar a la Comunidad de Propietarios sobre la situación de la instalación general eléctrica del inmueble, testar entre los vecinos el potencial de propietarios que podrían adquirir un vehículo eléctrico en los próximos años y analizar la mejor solución colectiva que no penalice al primer propietario que decida instalarse un punto de carga y que prevea un crecimiento en el número de vehículos eléctricos y de infraestructuras vinculadas en el edificio. Ser proactivo ante sus clientes le reportará prestigio profesional. Contando siempre al llevar a cabo estas instalaciones con el respaldo de los servicios que le presta su correduría de seguros y el seguro multirriesgo de su comunidad de propietarios.

Fuente: aedive.es y elaboración propia

 

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