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¿ACABARÁN SIENDO LAS JUNTAS DE VECINOS DIGITALES?

acabaran siendo las juntas de vecinos digitalesLa Administración de Fincas es una profesión que siempre ha destacado por poseer una voluntad de actualización constante, de adaptación a los cambios y de evolución continua, y así lo ha demostrado al convertir las nuevas tecnologías en un gran aliado para optimizar la gestión de las Comunidades de Propietarios. Su uso les ayuda en la automatización de algunos procesos, a generar, presentar, analizar su información y, sobre todo, a ahorrar en tiempo. Debemos tener en cuenta que la jornada laboral de un Administrador de Fincas consiste en una aglomeración de actividades, como son juntas ordinarias, extraordinarias e informativas, reuniones con proveedores, contactos con servicios, tramitación de incidencias y siniestros y un largo etcétera de tareas, que gracias al uso de herramientas digitales pueden agilizarse de manera considerable. No es de extrañar entonces, que este gremio haya tomado la decisión de redactar una nueva propuesta de Ley de Propiedad Horizontal (LPH) con una serie de medidas que plantean la modernización de las Comunidades de Propietarios, que en su opinión hasta ahora han ido un paso por detrás de las necesidades cambiantes de la sociedad y de los propios vecinos.

La iniciativa estrella de esta nueva propuesta, que los Administradores de Fincas de España presentarán próximamente ante el Ministerio de Fomento, es que la LPH permita que cualquier propietario pueda asistir y votar en una junta mediante videoconferencia o cualquier otra herramienta telemática de comunicación similar. En la actualidad, la normativa establece que los acuerdos solo podrán ser adoptados por los propietarios que asistan a las juntas de forma presencial o mediante representación, sin contemplar la posibilidad de que sean celebradas vía streaming, sistema que según la mayoría de los Administradores de Fincas sería un gran avance, ya que las agilizaría, favorecería su gestión e incluso la comodidad de los propietarios.

En los últimos años ya hemos podido observar como el uso de algunas herramientas digitales ha empezado a ser algo común en las Comunidades de Propietarios: mensajes de móvil, correos electrónicos, grupos en WhatsApp o redes sociales, portales gestionados por el administrador y plataformas especializadas se han hecho un hueco en la vida comunera, y todo parece indicar que han llegado para quedarse. No es de extrañar, ya que esta tecnología ofrece multitud de soluciones online a medida, como por ejemplo gestión de incidencias, comunicados, documentos compartidos, debates, etcétera, y por si esto fuera poco, parece que propicia la participación de los vecinos en el día a día de su comunidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en los edificios residenciales habita todavía un amplio porcentaje de personas de cierta edad, que no han sabido adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos, a los que no se les puede dejar al margen en el caso de que se digitalicen las relaciones entre propietarios. Tampoco hay que olvidar que, no en pocas ocasiones, la mala utilización de estos nuevos canales de comunicación produce malos entendidos e incluso conflictos entre vecinos que pueden convertirse en una problemática real para el Administrador de fincas, que se verá obligado a mediar y recordar que el uso de estas aplicaciones, como los grupos de whatsapp, es exclusivo para temática relacionada con la comunidad.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que aunque el uso de estas nuevas tecnologías pueden aportar a las Comunidades de Propietarios múltiples beneficios, también lleva implícito nuevos riesgos, como por ejemplo un ataque informático a los dispositivos tecnológicos de una Comunidad de propietarios o la infección con un virus informático de los mismos. Tanto es así que la ciberseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los Administradores de Fincas, que conscientes de que esta nueva amenaza solo se puede mitigar con una buena prevención y protección, recurren al asesoramiento de una Correduría de Seguros de confianza que les oriente en la contratación de un Seguro de ciberriesgo que se adapte a sus necesidades y al de las comunidades que gestionan.

Fuentes: elpais.com, Ley de la Propiedad Horizontal y elaboración propia.

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NUEVOS RIESGOS EN LAS CIUDADES INTELIGENTES

NUEVOS RIESGOS EN LAS CIUDADES INTELIGENTESEs innegable que la llegada de Internet y de la era digital ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Las nuevas tecnologías han traído grandes cambios a nuestra sociedad, transformando tanto las interrelaciones humanas como las interacciones económicas, políticas y culturales. Las ciudades no están siendo ajenas a esta nueva realidad y podemos observar como van aprovechando el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el correcto funcionamiento de sus servicios de transporte, el tejido comercial o aspectos fundamentales como el de la protección civil. Muchas grande urbes de nuestro país como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Sevilla o Bilbao ya están en el top 100 mundial de ciudades mejor encaminadas a convertirse en ciudades inteligentes o “smart cities”, capaces de aportar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos y una óptima gestión de las energías y recursos naturales mediante el uso de la tecnología más avanzada. Además, otras muchas ciudades y municipios españoles se encuentran comprometidos en esta labor, formando parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes

Si bien es cierto que una ciudad inteligente viene a ser un ecosistema de infraestructuras de gran complejidad (tecnología WiFi, redes eléctricas inteligentes, cableados de fibra óptica, cámaras Ip, etc), donde coexisten múltiples procesos tecnológicos íntimamente ligados, lo que en realidad le otorga el significado de urbe avanzada se basa en la acción participativa y el compromiso de todos sus ciudadanos. Tanto es así que las Comunidades de Propietarios que apuestan por adaptar sus edificios a las nuevas tecnologías juegan un papel crucial en conseguir modernizar sus ciudades. La implantación de sistemas que controlan la temperatura y la emisión de gases invernadero, portales con elementos de seguridad integrados, ventanas inteligentes que detectan el frío y el calor, o sistemas de iluminación automáticos son algunas de las características con las que deben contar los edificios pertenecientes a una ciudad inteligente.

La instalación de estos sistemas de domótica o IoT aportarán a las Comunidades de Propietarios múltiples beneficios como son el ahorro de energía y un aumento en la seguridad, pero también llevan implícitos nuevos riesgos. En los edificios comunicados a Internet, los ciberdelincuentes pueden encontrar un escenario perfecto para llevar a cabo su actividad, por lo que será necesario un constante trabajo de actualización y mantenimiento para evitar vulnerabilidades o brechas de seguridad. Debemos recordar que las Comunidades de Propietarios, como cualquier otra organización o empresa que maneja datos de carácter personal y contrata con terceros la prestación de servicios, están obligadas a cumplir el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), por lo que serían responsables tanto de las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia conectadas a Internet como de ficheros de datos que se conserven en formato digital, que podrían ser robados a través de la red. Todo ello hace imprescindible que cualquier edificio que cuente con estas nuevas tecnologías posea un buen seguro de ciberriesgo que cubra los posibles daños ocasionados por un ciberataque.

Pero, ¿Que ocurre si extrapolamos estos riesgos de seguridad y privacidad a las futuras ciudades inteligentes? Por ahora todo se basa en incógnitas, como por ejemplo quienes serán los responsables y encargados de velar y proteger el gran volumen de datos (Big Data) que generarán y de las que serán muy dependientes estas urbes para poder aumentar la eficiencia de sus servicios. ¿ Serán los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Estado, las empresas privadas ? Sin duda alguna cuando afloran nuevos riesgos las compañías aseguradoras son quienes mejor conocen cómo minorar sus consecuencias y cuanto cuesta esa tranquilidad. Los Administradores de Fincas también tendrán un papel activo en la selección de los proveedores y control de los servicios en sus comunidades. Quizás recaerá en los ciudadanos la responsabilidad de ser cada vez más conscientes de los problemas de privacidad y seguridad y reclamar o buscar protección para evitar que sus datos sean robados o mal utilizados. Es muy probable que quien quiera nuestros datos tendrá que pagar por ellos de alguna forma. Aumentar la disponibilidad de tecnología sin poner en riesgo la seguridad, y proteger la intimidad de su ciudadanía será sin duda el mayor reto a las que se enfrentarán las smart cities en los próximos años. Los expertos en analizar y evaluar los riesgos estamos seguros de que seguirán siendo las Corredurías de Seguros.

Fuentes: wikipedia.org y elaboración propia.

 

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¿CÓMO AFECTA EL NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS A ADMINISTRADORES DE FINCAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS?

¿CÓMO AFECTA EL NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS A ADMINISTRADORES DE FINCAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS?La era digital en la que estamos inmersos ha puesto en peligro nuestros datos personales, el correo electrónico, la localización de la vivienda, el número de teléfono, o de la tarjeta de crédito se han convertido en una valiosa mercancía para la cibercriminalidad, una amenaza que está aumentando de manera exponencial en los últimos años. Con la finalidad principal de amparar el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal (así como el derecho de supresión, el derecho a la limitación del tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos), la Unión Europea ha optado por ampliar el anterior Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), una normativa que afecta a todas aquellas empresas que traten datos de los ciudadanos europeos.

Las Comunidades de Propietarios utilizan para su gestión contable, fiscal y administrativa diferentes ficheros con datos de carácter personal de propietarios y trabajadores, lo que la convierte en responsable de la seguridad de dichos datos y la obliga a cumplir con la actual normativa. Es su deber aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que los datos son utilizados únicamente para la finalidad para la que fueron recogidos. Estas medidas deben hallarse relacionadas en un documento de seguridad, que deberá localizarse en las dependencias en las que se encuentre custodiado el fichero, si existe un Administrador de Fincas profesional y colegiado, tendrá asegurada ésta documentación y también su responsabilidad sobre la misma. Una novedad que incluye el nuevo reglamento es que ya no será obligatorio dar de alta los ficheros de datos en la Agencia Española de Protección de Datos.

La Comunidad tendrá la obligación de comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales en un plazo máximo de 72 horas. El responsable, bien sea el presidente o el administrador, debe llevar a cabo un registro en el cual se recojan el lugar, día y hora de detección de la brecha de seguridad, y una vez resuelta se deberá también registrar la solución al problema.

En cuanto a las cámaras de seguridad, la regulación no varía, por lo que sigue siendo necesario para instalarlas un acuerdo de junta general, donde se deberá designar a las personas que tengan al acceso a las imágenes y hacerlo constar por escrito. Conviene recordar que la instalación solo puede ceñirse a zonas comunes y que debe contar con un cartel informativo homologado por la AEPD , sobre la grabación de imágenes.

Si bien es cierto que en una Comunidad de Propietarios el responsable del tratamiento de datos recae en la figura del presidente, ya que es su representante legal, el Administrador de Fincas está legitimado por la propia Ley de Propiedad Horizontal para tratar y disponer de los datos de los propietarios y trabajadores que resulten necesarios para la gestión del inmueble. Para certificar esta autorización, la nueva ley dispone que el encargo del tratamiento a favor del administradorde fincas debe encontrarse documentado en un contrato, en el que se especifiquen las obligaciones de las partes en relación con la normativa de protección de datos. En el caso que una comunidad delegue la gestión de la protección de datos en el Administrador de Fincas, éste también deberá encargarse del cumplimiento de los requisitos de la normativa, como son el deber de información, la conservación de los datos, el deber de secreto y la regulación de cesiones de datos.

Sin duda, el tratamiento de los datos se ha convertido en un asunto fundamental para CCPP y AAFF, y así se ha visto reflejado en el pasado Congreso Nacional de Administradores de Fincas (CNAF 2018), resultando uno de lo temas que más interés ha suscitado. Cada vez es más frecuente que los ficheros se hallen guardados en ordenadores, tablets o smartphones conectados a la red, lo que ha convertido al ciberriesgo en una de las principales preocupaciones para este sector profesional, que es consciente de la nueva amenaza que se puede mitigar con el buen asesoramiento de una Correduría de Seguros que le ayude en la contratación de un Seguro de ciberriesgo para proteger su patrimonio y el de sus comunidades.

 

Fuentes: rgpd y elaboración propia.

 

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