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DESPRENDIMIENTO DE UNA CORNISA SOBRE UNA CALLE TRANSITADA DE MADRID

DESPRENDIMIENTO DE UNA CORNISA SOBRE UNA CALLE TRANSITADA DE MADRIDLa mañana del pasado 13 de Mayo, el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid fue requerido con carácter de urgencia para acudir a la calle del General Ricardos, eje principal del distrito de Carabanchel. El motivo era la caída de una cornisa de grandes dimensiones sobre la vía pública en el momento que numerosos peatones y vehículos transitaban por ella. Nada más aproximarse al lugar de los hechos los bomberos pudieron comprobar la gravedad del suceso, ya que a la altura del número 112 parte de la fachada de un edificio de cuatro plantas se había derrumbado y quedado esparcido por la acera. Tras retirar los cascotes y elementos desprendidos, rescatar a los heridos y asegurarse que eran atendidos por los facultativos de Samur-Protección Civil y Summa, los bomberos procedieron a desalojar el inmueble y a retirar los elementos inestables del mismo.

En el siniestro resultaron heridas tres personas con contusiones craneales, cifra que podría haber empeorado considerablemente de no ser porque la caída de la cornisa de diez metros fue amortiguada por una marquesina de la primera planta del inmueble. Tras un primer reconocimiento se determinó que una viga principal de la primera planta estaba afectada, motivo por el cual los vecinos no podrán volver a sus viviendas hasta que el problema sea subsanado.

Incidentes como el descrito, más allá de los daños mencionados, pueden poner en jaque a toda una Comunidad de Propietarios, ya que además de incurrir en enormes gastos de reparaciones, incluso podría llegar a ser denunciada y reclamadas indemnizaciones. Así lo establecen tanto el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, como el artículo 1907 del Código Civil que disponen que los propietarios de un inmueble son los responsables directos de los daños que puedan originar a un tercero. Así mismo, debemos recordar que la Comunidad de Propietarios no posee personalidad jurídica, por lo que serán los individuos que la componen los sujetos de derechos y obligaciones, y sus representantes (Junta Directiva, Presidente de la Comunidad, Administrador) podrían ser imputables por los daños y perjuicios que puedan causar en el ejercicio de sus funciones.

Para evitar estos accidentes, tanto la rehabilitación de los edificios como un programa de mantenimiento que se ocupe de la inspección de las distintas partes del inmueble resultan indispensables, pero para atender las consecuencias de los siniestros será necesario que cuenten con un buen plan de seguros. Con la contratación de las siguientes pólizas, toda comunidad se asegurará una buena protección y evitará comprometer el patrimonio individual de los propietarios, siempre y cuando el programa de seguros se adapte a lo que necesitan:

Seguro de Responsabilidad Civil: Cuando hablamos de Responsabilidad Civil por daños, nos estamos refiriendo a la obligación de resarcir a un tercero que surge como consecuencia del daño derivado del incumplimiento de contratos, o bien del producido por simple culpa o negligencia. Por este motivo, este tipo de seguros debe contar, al menos, con las siguientes coberturas:

  • Cobertura Cruzada: referente a lesiones o muerte provocadas por otros contratistas o subcontratas.
  • Responsabilidad profesional y empresarial: daños patrimoniales y consecuenciales.
  • Gastos de defensa, protección jurídica y fianzas civiles.
  • Responsabilidad del inmueble por daños personales, patrimoniales y consecuenciales

Seguro de Protección Jurídica: Que garantice un asesoramiento jurídico independiente e imparcial a la Comunidad de Propietarios y defienda sus necesidades, derechos e intereses, así como la de los propietarios, junta de gobierno y especialmente de quien ejerce el cargo de presidente como representante legal de la finca. Estas son sus principales coberturas:

  • Tasas y costas ocasionadas por procedimientos judiciales.
  • Honorarios de abogados, notarios, procuradores y peritos.
  • Responsabilidad penal por hechos no intencionales.
  • Responsabilidad civil si no hay seguro o es insuficiente o ineficaz.
  • Defensa en caso de reclamación por la propia aseguradora de indemnizaciones pagadas.
  • Derechos referentes a reclamaciones sobre el inmueble al tercero, causante de los daños a zonas comunes del edificio.
  • Reparación, conservación o mantenimiento de los elementos comunes del inmueble.
  • Colocación o sustitución de instalaciones fijas del inmueble y anexos, vigilancia, seguridad y limpieza.
  • Adelanto de gastos reclamados de forma judicial.
  • Asistencia jurídica telefónica.

A la hora de contratar este tipo de seguros para una Comunidad de Propietarios, debemos tener en cuenta que muchas compañías ofrecen esta garantía de protección jurídica y reclamación por daños entre las coberturas adicionales en sus modalidades de Seguros multirriesgo para Comunidades de Propietarios. Por último, queremos recordarte que para garantizar la elección de la póliza adecuada, es imprescindible que la Comunidad de Propietarios cuente con la colaboración de una correduría de seguros de confianza, es decir, un mediador especializado, independiente e imparcial, que realice un análisis objetivo y le recomiende las coberturas y las entidades que mejor se adapten a las necesidades del inmueble.

 

Fuentes: elpais.com y Elaboración propia

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PLAZO DE PRESCRIPCIÓN POR DAÑOS EN COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN POR DAÑOS EN COMUNIDAD DE PROPIETARIOSSiempre que deseo tratar y profundizar sobre el tema de plazos de prescripción por daños en Comunidades de Propietarios, recuerdo un caso concreto que por su complejidad y excelente resolución por parte de nuestra Correduría es el ejemplo perfecto para ilustrar esta temática, que en muchas ocasiones puede resultar intrincada para los no versados en la materia.

En el mes de julio del año 2016 recibí la llamada de Irene, una Administradora de Fincas de una Comunidad de Propietarios que es nuestra cliente desde hace varios años. Tras interesarme por saber qué tal le habían resultado los exámenes de selectividad a su hija Cristina, una excelente estudiante, me informó que dicha comunidad había sufrido unos importantes daños por rotura de tuberías de agua que afectaban a elementos comunes y a terceros copropietarios. En principio, como el incidente parecía algo habitual, ya que como indican las estadísticas sectoriales el agua es la causa más frecuente de siniestralidad en los Seguros Multirriesgo de inmuebles, le informé que me pondría en contacto con la empresa aseguradora y que en menos de 24 horas acudiría un profesional y se encargaría de localizar el foco del problema. A las pocas horas ya teníamos un pre-informe donde se nos indicaba que no había sido posible localizar el lugar exacto de la rotura, y que lo más recomendable era proceder a la apertura de calas en distintos pisos, concretamente en la zona del cuarto de baño principal, colindante con uno de los dormitorios.

Tras comunicar a los vecinos de la comunidad la situación, todos los afectados se opusieron a los trabajos propuestos, debido a que algunas viviendas tenían mármol, otras alicatados, otras espejo, y alguna estuco en la pared donde se debían realizar las obras. A cambio trasladaron la sugerencia de utilizar algún aparato para medir el grado de humedad antes de causar daños, solución que no pudo ser llevada a cabo ya que la compañía de seguros carecía de empresas que dispusieran de herramienta fiable para tal cometido. Como mediadores de la póliza procedimos a explicarle la situación a Irene, la Administradora de Fincas y a Paco, el Presidente de la comunidad, y pusimos en su conocimiento los derechos que les asisten en el contrato de seguro. Tras una amigable reunión, acordamos informar a la aseguradora que conforme a la ley de contrato de seguro procederíamos a localizar y reparar por cuenta del Tomador y les iríamos informando puntualmente para que pudieran verificar y tasar los daños.

No fue nada sencillo coordinar la presencia de cinco propietarios y los profesionales elegidos, sin embargo con paciencia y profesionalidad conseguimos una fecha para acometer los trabajos. Finalmente resultó que había dos siniestros distintos, pero coincidentes en el tiempo y en lugares cercanos, uno en la bajante general de PVC y otro en la cisterna privativa de una vivienda, por lo cual los perjudicados tenían daños de dos causas distintas y con aseguradoras diferentes. Ante esta situación aconsejamos a la Comunidad de Propietarios el nombramiento de un perito independiente, un derecho desconocido para la mayoría de asegurados.

Finalizados los trabajos de reparación del origen, pasado el tiempo suficiente para el secado de los daños y con todos los afectados de vuelta de sus vacaciones se procedió a reparar las consecuencias, incluido la reposición estética imprescindible para dejar las estancias en armonía de color y materiales. El siniestro globalmente superó los 17.000 euros que gestionamos con las diversas aseguradoras y la concurrencia de los distintos seguros. Todo un proceso en el que nuestro departamento de siniestros invirtió 90 días y un total de 127 horas de trabajo en equipo. ¿Qué valor añadido representa, en el aspecto económico, para nuestros clientes? Pues 3.810 euros en concepto de honorarios que les ahorramos por confiar en los servicios de nuestra Correduría.

Al hilo de éste caso se nos brinda la oportunidad de explicar qué plazos de prescripción resultan aplicables en situaciones de daños causados por la Comunidad de Propietarios a comuneros o entre propietarios sometidos al régimen de la Ley de Propiedad Horizontal. En primer lugar conviene resaltar que el Tribunal Supremo resolvió ésta cuestión recientemente, concretamente la Sala 1ª en recurso 133/2016 de fecha 14-11-2018, donde la cuestión jurídica consistía en determinar si la reparación de los daños ocasionados por el incumplimiento del deber de conservación y mantenimiento previsto en el artículo 10.1 de la LPH correspondía a un plazo de un año (aplicando el artículo 1902 del Código Civil), o al plazo de cinco años (aplicando el artículo 1964 ). El Alto Tribunal determinó que las acciones que se puedan ejercitar al amparo de la LPH y no tengan un plazo específico en la misma están sometidas al plazo genérico de prescripción del artículo 1964 del Código Civil, y por lo tanto, la acción de reclamación por obras de conservación del inmueble y elementos comunes o rotura de una tubería prescribe a los cinco años. Esta obligación legal afecta tanto a la Comunidad de Propietarios como a todo propietario. Otro asunto son aquellos daños causados mediando culpa o negligencia, por omisiones o actos, en las que el plazo sería de un año, según el artículo 1968 del Código Civil, el mismo plazo que para las acciones previstas en el artículo 1902 por responsabilidad extracontractual.

En definitiva, debe quedarnos claro que para determinar cuál es el plazo de prescripción por daños en una Comunidad de Propietarios, previamente debemos conocer si existe una regulación específica para su ejercicio en la Ley de Propiedad Horizontal. Ello determinará que un propietario, en función a la causa, puede ejercer la acción ante la Comunidad de Propietarios y al revés en dos plazos distintos: uno o cinco años.

 

José Silva. Socio fundador en JOSE SILVA CORREDURIA DE SEGUROS.

 

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CAMPAMENTOS DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

CAMPAMENTOS DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOSEn el mes de junio del año pasado, asistimos a un hecho luctuoso, el fallecimiento de un niño por ahogamiento, durante el desarrollo de un campamento, en las instalaciones comunitarias de la finca. Al frente de la organización se encontraba un grupo de jóvenes residentes que con buena intención y las ganas de obtener unos ingresos para el verano, promocionaron sus servicios entre los vecinos. Todo simple, sin analizar los posibles riesgos y el consentimiento tácito de la junta de gobierno. Tuvimos conocimiento del hecho a través del Administrador de Fincas y después de contrastar la cobertura del seguro multirriesgo, pusimos en conocimiento de la aseguradora el escrito de reclamación que los padres hicieron llegar al presidente. Inicialmente la compañía de seguros rehusó la responsabilidad por considerarlo un hecho ajeno al tomador del seguro. Después de varias reuniones del director técnico de la correduría con la responsable de prestaciones del asegurador, se alcanzó un acuerdo de indemnización 6 meses después del suceso. Afortunadamente la póliza estaba muy bien planteada desde sus inicios, la mediación experta se hizo notar y ahora la compañía de seguros probablemente ejercerá la acción de repetición a los responsables directos. Nuestro cliente quedó muy satisfecho del servicio profesional recibido.

Hace no demasiados años, organizar las largas vacaciones escolares de los más pequeños era una tarea que los progenitores solían solucionar enviándolos a pasar unos días en el pueblo con los abuelos o los tíos, pasando una quincena en la playa o la montaña en familia y, si era posible, un periodo de campamento. Los tiempos han cambiado, y en la actualidad la oferta de actividades para el verano de los niños es abrumadora, campamentos y colonias urbanas de fútbol, tenis, golf, natación, de circo y artes plásticas, de idiomas, de aventura, de cine o de cocina.

Si bien es cierto que la mayoría de actividades que se desarrollan en los campamentos tienen el objetivo de mejorar el sentido del grupo, ayudar a establecer y fortalecer nuevas relaciones con otros niños, también se realizan numerosas actividades educativas que complementan a las realizadas en la escuela, aunque con carácter más lúdico y de diversión, que potencian sus valores intelectuales, ecológicos y solidarios. Además, las excursiones, los juegos de orientación, los talleres, el montaje y desmontaje de tiendas de campaña, la organización de la mochila, y otras tareas distintas de las que hacen durante el resto del año.

Aparte de los campamentos tradicionales y los especializados en diversas temáticas, en los últimos años han repuntado los campamentos residenciales. Durante los periodos no lectivos o vacacionales muchas Comunidades de Propietarios se han animado a poner en marcha en sus instalaciones y espacios comunes programas de campamentos y escuelas urbanas, que incluyen la realización de actividades pedagógicas, lúdicas y deportivas que fomenten el compañerismo, la creatividad, la espontaneidad y el desarrollo de facultades intelectuales y físicas en un espacio de aprendizaje continuo. Este nuevo tipo de campamentos urbanos ofrecen múltiples beneficios, ya que aportan mucha comodidad y seguridad a madres y padres que también tienen derecho a disfrutar del verano, se aprovecha el entorno cotidiano del niño, donde se siente seguro para realizar actividades lúdicas, deportivas y recreativas, y ayuda a la cohesión entre los vecinos de la comunidad.

Sin embargo, toda Comunidad de Propietarios que tenga planeado llevar a cabo este tipo de actividades en sus instalaciones debe tener en cuenta que ha de cumplir una serie de pasos y medidas previas imprescindibles:

  • La instalación de un campamento de verano en los jardines de la finca supone la utilización de un elemento común para un fin privativo, por lo cual será necesario el acuerdo unánime de los propietarios. En dicho acuerdo, deberá quedar reflejado la forma de contribuir a los gastos derivados por aquellos propietarios que hagan uso del campamento, la responsabilidad en caso de accidente eludiendo a aquellos propietarios que no hicieran uso del mismo así como incluir un importe determinado para los gastos que se deriven.
  • Es indispensable que la Comunidad de Propietarios posea un seguro multirriesgo o un seguro de responsabilidad civil, ya que en caso de accidente, si el servicio es contratado directamente por la comunidad la responsabilidad recaerá sobre la misma, mientras que si es contratado por determinados propietarios, estos serán los directamente responsables, por lo que deberán contratar para ello un seguro de responsabilidad civil.

Como se deduce del caso narrado, toda Comunidad de Propietarios deberá ponerse en contacto previamente con una correduría de seguros de confianza donde le asesorarán y resolverán todas sus dudas. La Correduría de Seguros José Silva es la respuesta idónea para estos casos, ya que además de ser especialista en Comunidades de Propietarios, posee en su gran catálogo de seguros una póliza específica para estos casos: la póliza de campamentos de Berkley. Se trata de un programa combinado de seguros que protege tanto los organizadores del campamento como a los participantes ante los riesgos más habituales en este tipo de actividades. Si deseas más información o tienes alguna duda sobre esto u otro seguro, no dudes en ponerte en contacto a través de su página web o llamándonos por teléfono 915353009.

 

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¿INFLUYE LA NUEVA REFORMA DE LA LPH EN LOS PISOS TURÍSTICOS?

influye la nueva reforma de la lph en los pisos turisticosLa tecnología está cambiando el mundo, a las personas y nuestra forma de vivir. El pasado 19 de diciembre entró en vigor el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda, que recoge varias modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Dicho decreto, que deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados antes de un mes, conlleva una batería de reformas vinculadas al alquiler de viviendas, entre las que destacan la ampliación del plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada (de 3 a 5 años, 7 si el arrendador es persona jurídica), el aumento del plazo de prórroga tácita (de 1 a 3 años), o la limitación de los avales, que no podrán superar los 2 meses de la renta mensual de alquiler.

Pero sin duda, una de las reformas más esperadas, y que más concierne a las Comunidades de Propietarios es la relacionada con los conocidos como “pisos turísticos”. La legalidad de este tipo de alquileres es una cuestión que lleva produciendo controversia desde hace ya años, principalmente provocada por una ausencia de normativa de carácter general. Hasta este momento, las comunidades autónomas eran las responsables de establecer una normativa al respecto, lo que ocasionaba que nos encontrásemos ante 17 legislaciones distintas, por no mencionar las regulaciones propias que muchos municipios tenían establecidas. Si a ello le sumamos un cambio constante de leyes por parte de las administraciones, bien por decisión propia o por obligación, tras sentencias judiciales, y el gran crecimiento de este tipo de turismo provocado por el auge de Internet y las nuevas tecnologías, no es de extrañar que este asunto se haya acabado convirtiendo en un problema cada vez mayor, que ha originado multitud de protestas vecinales derivadas de las molestias y alteraciones de la convivencia que muchos usuarios de este tipo de pisos ocasionan.

Hasta la entrada en vigor de la nueva reforma, las únicas vías posibles para evitar la aparición de pisos turísticos en una Comunidad de Propietarios eran, o bien mediante una reforma de los estatutos que requeriría la unanimidad de los propietarios, o a través de la “acción de cesación” contemplada en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que tiene como finalidad que cualquier actividad que pueda resultar molesta, nociva, insalubre o peligrosa deje de desarrollarse. Pero a partir de la actual modificación de la Ley sobre Propiedad Horizontal que establece el nuevo el real decreto-ley, las Comunidades de Propietarios podrán limitar o vetar la actividad del alquiler turístico en el inmueble por mayoría simple cualificada, es decir, siempre que lo apoyen tres quintas partes de los propietarios. Otra novedad es que la Comunidad podrá establecer cuotas especiales a las viviendas turísticas, aumentando su participación en los gastos comunes de la finca, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20% .

Pero algo que hay que tener en cuenta es que la ley no tendrá carácter retroactivo, lo cual llevado a la práctica significa que las viviendas de uso turístico que ya cuenten con la licencia preceptiva o que estén inscritas en el registro oficial, no podrán ser vetadas por las CCPP, aunque se cuente con la nueva mayoría exigible de tres quintas partes de los propietarios. Esta medida podrá ser aplicada a los nuevos pisos turísticos, pero también a los que operan ilegalmente, ya que el Real Decreto traslada este tipo de alquileres desde la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) a la legislación sobre actividad turística, por lo que pasarán a ser tratados como una actividad económica. Ello permitirá a los propietarios de una comunidad vetar su actividad económica, ya que al tratarse de una actividad irregular no se considerará que exista derecho adquirido alguno, aunque operen desde antes de la entrada de la nueva ley.

Queremos presuponer que esta regulación del alquiler turístico favorecerá la solución de los conflictos y problemas de convivencia que esta práctica lleva años generando en muchas de nuestras ciudades, pero debemos ser cautos y estar a la expectativa de los acontecimientos. Las Comunidades de Propietarios están llamadas a ser uno de los grandes protagonistas de este cambio, convirtiéndose en una parte activa para la resolución de cualquier tipo de problemática que un piso turístico pueda provocar en su inmueble. Una de las medidas imprescindibles para conseguir dicho objetivo es exigirle a todo propietario de un piso destinado al alquiler turístico que posea un buen Seguro de alquiler que cuente con coberturas de impago, daños por actos de vandalismo y defensa jurídica. Desde la Correduría de Seguros José Silva, especializados en seguros para inmuebles, estaremos encantados de asesorarte y darte información sobre éste o cualquier otro tipo de póliza que pueda necesitar vuestra Comunidad de Propietarios.

Fuentes: boe.es y elaboración propia.

 

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¿ES PREFERIBLE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSERJERÍA A UNA EMPRESA EXTERNA U OPTAR POR UN TRABAJADOR AUTÓNOMO?

¿ES PREFERIBLE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSERJERÍA A UNA EMPRESA EXTERNA U OPTAR POR UN TRABAJADOR AUTÓNOMO?Las Comunidades de Propietarios no tienen personalidad jurídica, sin embargo tienen la capacidad de contratar. Así, es habitual que cuenten con personal propio como el portero, o servicios externos como el de conserje. Aunque pueda parecer que ambas figuras casi han desaparecido de los edificios de viviendas, principalmente a causa de la pasada crisis económica que obligó a muchas Comunidades de Propietarios a reducir sus gastos, actualmente el incremento de los robos, actos de vandalismo y compras online, ha motivado que muchos vecinos soliciten la reincorporación de este servicio. Si bien es cierto que la irrupción de las nuevas tecnologías ha sido aprovechada para la protección y seguridad en muchos inmuebles residenciales, sobre todo de nueva construcción, donde se han implantado circuitos de vigilancia de camaras ip conectados a la red o sistemas de domótica, existen diversas labores que siguen precisando de un trabajador para poder ser llevadas a cabo. Nos estamos refiriendo a tareas tan importantes como el control de las personas que acceden al edificio, la actuación inmediata frente a siniestros como pueden ser incendios o inundaciones, o la realización de rondas periódicas para comprobar y verificar tanto las instalaciones como el cumplimiento de las medidas de seguridad. Asimismo, aparte de las funciones relacionadas con la vigilancia, el conserje o portero también se podrá encargar de la limpieza de zonas comunes (barrido, fregado, eliminación de residuos, etc.), del mantenimiento de ciertos servicios de la comunidad (luces, calefacción, etc.), e incluso de atender a las sugerencias y necesidades de los vecinos y trasladarlos al responsable (Administrador de Fincas o presidente de la comunidad).

La falta de candidatos idóneos dispuestos a permanecer tiempo en el mismo edificio, hace que las Comunidades de Propietarios que deciden volver a apostar por éste servicio se decanten por la figura del conserje; suelen tener dudas en torno al método de contratación mas apropiado: ¿Es preferible contar con los servicios de una empresa externa u optar por un trabajador autónomo? En primer lugar, es aconsejable calcular y comparar los gastos de cada una de las dos opciones, sin olvidar tener en cuenta todos los pagos asociados. Para un trabajador autónomo, dependiente o independiente, aparte de la remuneración y retención de IRPF, están los gastos de Seguridad Social y a veces también otros adicionales como bonificaciones o alojamiento, sin olvidar la ajenidad, concepto que demuestra la inexistencia de una relación laboral estable que pudiera ser interpretado como un contrato laboral encubierto. Hemos asistido a la apertura de expedientes de la Inspección laboral porque el “conserje autónomo” en realidad no ponía material alguno y tenía un horario impuesto y regulado por la Comunidad de Propietarios.

En el caso de una empresa externa, debemos comprobar que el presupuesto de su oferta incluya consumibles como productos de limpieza, herramientas de trabajo o la maquinaria necesaria para efectuar las labores, y si resultará necesario efectuar gastos extras para adecuar ciertas instalaciones al servicio de conserjería, además del plazo y método para rescindir el servicio en caso de insatisfacción. Si se da la circunstancia de que la Comunidad de Propietarios ya cuenta con un portero y está planeando la externalización de este servicio, deberá sumar los gastos puntuales que le causaría una posible indemnización por despido, además de contar con la mayoría necesaria de los propietarios y cuotas para cambiar el modelo de servicio.

En el momento que la Comunidad conozca los presupuestos reales de ambas opciones, no debe simplemente decantarse por el más económico, sino que será necesario que realice una lista de pros y contras de cada alternativa. La contratación de un profesional independiente conllevará diversas responsabilidades, como por ejemplo efectuar la correspondiente retención fiscal y el deber de presentar los modelos trimestrales del IRPF, así como la declaración anual. Además, tendrá la obligación de proporcionarle las instrucciones adecuadas en relación a los riesgos laborales, los sistemas de emergencia, los de protección y los de prevención. Las medidas que se le exige a las Comunidades de Propietarios son las mismas que a cualquier tipo de empresa que tenga trabajadores a cargo, y aunque en muchas ocasiones son totalmente desconocidas, ello no le librará de las sanciones de responsabilidad Civil, Administrativa y Penal que le puede acarrear su incumplimiento. Por otra parte, con la contratación de los servicios de una empresa externa, la Comunidad ahorrará tiempo en gestión (nóminas, bajas) y la empresa se ocupará de cubrir las bajas y las vacaciones, pero seguirá siendo responsable de la seguridad del trabajador aunque no esté a su cargo. Ello es debido a que es la responsable legal de todos los espacios comunes de la finca, y por lo tanto, si una persona que ofrece un servicio externo sufre un accidente, sería responsabilidad de la Comunidad de Propietarios, y por ello debe ofrecer toda la información necesaria en materia de Seguridad laboral a todas aquellas personas externas que realicen algún tipo de trabajo en sus instalaciones.

Como podemos observar, decantarse por cualquiera de las opciones implicará una serie de deberes y obligaciones que de no ser cumplidas, aunque sea por desconocimiento, pueden ocasionar graves perjuicios a la Comunidad de Propietarios como sanciones y multas que todos los copropietarios deberán afrontar. El asesoramiento del Administrador de Fincas en el momento de la toma de decisiones es obligatorio y además puede estar asumiendo responsabilidades si es designado para elaborar contratos y pago de nóminas. Es por ello que siempre resulta imprescindible contar con un seguro multirriesgo para comunidades de propietarios que cubra entre otras materias la Responsabilidad Civil y la defensa jurídica, sin duda una inversión que revertirá en el beneficio de toda la Comunidad.

Fuentes: empleo.gob.es, .seg-social.es y elaboración propia.

 

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¿SON UN RIESGO PARA LA SALUD LAS ESTACIONES ELÉCTRICAS URBANAS?

SON UN RIESGO PARA LA SALUD LAS ESTACIONES ELECTRICAS URBANASCuando paseas por una acera quizá hayas visto una tapa metálica practicable en el suelo, por ahí se accede a un transformador eléctrico que da servicio a una zona. Quizá durante la noche te despiertes con frecuencia, revisa cuántos aparatos eléctricos tienes a tu alrededor. En tu edificio puede haber un cuarto que alberga un transformador, además de generar una servidumbre.

¿Quién le iba a decir a Edison tras patentar la primera bombilla incandescente comercialmente viable, e inaugurar en 1882 la primera central eléctrica para vender electricidad (comenzó con 80 clientes y 400 bombillas), que la electricidad se convertiría en algo tan imprescindible para la sociedad como lo es hoy en día? Basta mirar las calles, nuestras casas o a nuestro alrededor para darnos cuenta de la importancia que tiene la electricidad en nuestras vidas: la televisión, los ordenadores, Internet, la automatización de los procesos industriales, la iluminación artificial, las fabricas, etc., no se podrían concebir sin su presencia generalizada.

La electricidad es uno de los combustibles esenciales de nuestra sociedad moderna, y muchas personas la consideran una energía limpia, desconociendo que, por ejemplo, las líneas de alta tensión encargadas de su distribución pueden generan impactos ambientales significativos. Además de provocar emisión de ruido, interferencias de radiofrecuencia o la generación de ozono troposférico, las líneas de alta tensión producen un fenómeno denominado efecto corona, responsable de la generación de gases corrosivos, óxidos de nitrógeno y de ácido nítrico, así como de provocar la atracción y concentración de aerosoles contaminantes y gas radón. Por otra parte, desde hace varias décadas los científicos estudian los efectos que los campos electromagnéticos pueden ocasionar sobre los tejidos biológicos, centrándose en la posible relación existente entre contaminación electromagnética de baja frecuencia y el riesgo de padecer enfermedades como la leucemia, tumores cerebrales u otros tipos de cánceres. Un ejemplo es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), que ha incluido los campos electromagnéticos de baja frecuencia generados por los tendidos eléctricos e infraestructuras asociadas, como posible agente cancerígeno.

Desde hace décadas que la existencia de líneas de alta tensión o estaciones eléctricas próximas a núcleos urbanos y edificios residenciales provoca preocupación en las Comunidades de Propietarios, debido a la posible repercusión que la contaminación electromagnética puede tener en la salud. Si bien la información científica y técnica no proporciona evidencias claras, son muchas las denuncias realizadas por familias que se han visto obligadas a convivir con una instalación eléctrica cerca de sus hogares y uno o varios de sus miembros han desarrollado un proceso canceroso. Además diversos organismos supranacionales e internacionales han querido intervenir de manera cautelar dictando recomendaciones sobre las distancias que deben mediar entre los campos electromagnéticos y las zonas en las que las personas pasen un período de tiempo significativo.

Las Comunidades de Propietarios deben conocer que en España existe un Reglamento de Líneas de Alta Tensión, que en su artículo 25 establece unas distancias límite para evitar las posibles afecciones sanitarias derivadas de una exposición continua a campos electromagnéticos de baja frecuencia. Además, en los años 2001 y 2003 el Ministerio de Sanidad y Consumo planteó la necesidad de reformar dicho Reglamento para “redefinir unas distancias mínimas de seguridad desde las líneas de alta tensión a edificios, viviendas o instalaciones de uso público y privado” y de “actualizar la fórmula de referencia para la distancia de seguridad a líneas de alta tensión”. Algunos ayuntamientos pioneros, como el de Jumilla (Murcia), han tomado cartas en el asunto y han establecido un criterio mayor de seguridad, respetando las recomendaciones que se indican desde diversas instancias investigadoras.

Los efectos a largo plazo de los campos electromagnéticos en la salud humana suponen una constante incertidumbre que no ha logrado despejarse científicamente. Ante la duda, resulta necesaria una revisión de la normativa estatal y en los reglamentos de líneas de alta tensión, subestaciones y transformadores, que tenga en cuenta el principio de precaución. Del mismo modo, las Comunidades de Propietarios deben buscar un sistema de protección y prevención adecuado ante los diversos riesgos que puedan ocasionarles las estaciones eléctricas próximas a sus inmuebles. Un Seguro multirriesgo para Comunidades de Propietarios, que ofrezca garantías indispensables como prestaciones de defensa y reclamaciones jurídicas, es sin duda la mejor elección. Desde Seguro Comparador puedes calcular el precio del seguro más conveniente, en tan solo unos minutos y de forma on line. Tan solo tienes que hacer click aquí para comprobarlo.

Fuentes: ecologistasenaccion.org, boe.es, mscbs.gob.es y elaboración propia.

 

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¿SON LAS ANTENAS DE TELEFONÍA INSTALADAS EN EDIFICIOS UN RIESGO PARA NUESTRA SALUD?

SON LAS ANTENAS DE TELEFONIA INSTALADAS EN EDIFICIOS UN RIESGO PARA NUESTRA SALUDLas Comunidades de Propietarios cuyos edificios alcanzan una cierta altura son objeto de atención para ciertos negocios, también para riesgos no evaluados. Vivimos rodeados de radiación electromagnética. Nuestro cuerpo es atravesado por millones de ondas electromagnéticas, la mayoría de ellas tienen origen natural, como la radiación solar o la terrestre, pero muchas otras son generadas de manera artificial, fundamentalmente ondas de radiofrecuencia derivadas de las transmisiones de televisión, radio, radar, telefonía móvil o redes wifi. Sin duda alguna el avance tecnológico incrementa la exposición del mundo animal racional e irracional. A pesar de que hoy en día no existan estudios que lo ratifiquen al 100%, en valores altos de intensidad y exposición, estas emisiones artificiales se relacionan con problemas de salud como pueden ser falta de concentración, insomnio, estrés, dolores de cabeza, agitación nerviosa e incluso enfermedades como la lipoatrofia, enfermedad relacionada en edificios, que se manifiesta con alteraciones en las extremidades.

En un encuentro organizado en 2011 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 31 expertos de 14 países tras revisar y analizar datos científicos relacionados con los campos electromagnéticos llegaron a la siguiente conclusión: “las radiaciones electromagnéticas de los teléfonos móviles han de ser clasificadas como posible carcinógeno para las personas”. Desde el otro frente de la polémica, muchos expertos aseguran que este tipo de ondas son totalmente inocuas para el ser humano, ya que no se ha encontrado evidencia que demuestre ninguna asociación entre la exposición a los campos electromagnéticos, dentro de los límites recomendados, y enfermedad alguna. ¿Quién tiene realmente la razón?, pese a los cientos de estudios realizados desde todas partes del mundo, hoy por hoy aún no se ha logrado llegar a un acuerdo sobre los posibles riesgos de las ondas electromagnéticas y los especialistas continúan con este debate.

Sea como sea, la realidad es que la incidencia que los campos electromagnéticos pueden tener sobre la salud lleva años creando una creciente inquietud y preocupación en nuestra sociedad, sobre todo en muchas Comunidades de Propietarios que poseen antenas repetidoras de telefonía móvil en sus edificios, tras ser alquiladas parte de sus azoteas a operadores de telefonía móvil para la instalación de las denominada estaciónes base transceptoras (EBT) y de sus equipos complementarios. Muchos vecinos, alarmados por los posibles efectos de sus radiaciones en la salud, han creado asociaciones y plataformas que luchan contra la instalación de dichas antenas en sus inmuebles o en los colindantes, alegando además de los riesgos sanitarios citados, repercusiones económicas negativas sobre el valor de las viviendas y el sobrepeso al que se ven sometidas las estructuras de los edificios, además del riesgo que representan los fenómenos de la naturaleza cuando ésta manifiesta su enorme fuerza destructora como ha sucedido recientemente en Mallorca y Málaga.

Incluso desde FACUA (Consumidores en Acción) advierten sobre los factores de riesgo que implica la instalación de una antena repetidora en una Comunidad de Propietarios, haciendo hincapié en que algunas compañías de seguros se niegan a cubrir los posibles daños que se puedan derivar de los campos electromagnéticos producidos por estas antenas, ya que los riesgos son inciertos y las indemnizaciones a pagar en un futuro, de confirmarse, podrían ser enormes. También informan que tan sólo hace falta que un propietario se niegue a la instalación de la antena para que ésta no pueda realizarse, siempre y cuando la azotea tenga asignado un uso, ya que el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal indica que las decisiones que afecten al título constitutivo del edificio deberán aprobarse por unanimidad si se trata de elementos que tengan asignado un uso específico en el inmueble.

Obtenida la aprobación de los propietarios, para su instalación se necesita previamente la correspondiente licencia municipal, no disponer de ella podría dar lugar al rehúse de la indemnización de los daños propios o a terceros en caso de siniestro, por parte de la aseguradora.

Las infracciones contra la normativa urbanística en la instalación y conservación de la antena serán responsabilidad de la empresa instaladora, el propietario o Comunidad de Propietarios del edificio o terreno en que se ubique la antena; El asesoramiento, defensa y depósito de fianzas ante éstos hechos puede ser realizada a través de un Seguro de protección jurídica que permite asegurar un presupuesto sin sobresaltos jurídicos.

Como podemos observar, los posibles riesgos para la salud humana que puedan tener las antenas base de las redes de telefonía móvil es un tema polémico y complejo tanto para los ciudadanos como para las Comunidades de Propietarios que pudieran tener que enfrentarse a riesgos de reclamaciones en un futuro tal como ha sucedido con la aluminosis o el amianto. De lo que hoy podemos estar seguros es de que es muy probable que en este instante estemos a menos de unas pocas decenas de metros de una antena, y así lo podemos comprobar visitando el portal infoantenas del Ministerio de Industria dónde pueden consultarse los distintos niveles de energía electromagnética emitida en todo el territorio de nuestro país. Con la radiación de telefonía móvil, como con todos los agentes sospechosos o dudosos de poder tener efectos cancerígenos, debe actuarse siempre bajo el principio de precaución y prevención. Cuidar de nuestra salud y la de nuestros seres queridos es sin duda una prioridad para todos nosotros, y con este propósito desde José Silva Correduría de Seguros nos ofrecen una amplia gama de Seguros de Salud, entre los que cabe destacar el Seguro de salud para familias y el Seguro vida mujer. No dudes en consultarles información sobre las coberturas, prestaciones, productos disponibles y cuadro médico de estos seguros médicos.

Fuentes: mincotur.gob, facua.org y elaboración propia.

 

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