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¿INFLUYE LA NUEVA REFORMA DE LA LPH EN LOS PISOS TURÍSTICOS?

influye la nueva reforma de la lph en los pisos turisticosLa tecnología está cambiando el mundo, a las personas y nuestra forma de vivir. El pasado 19 de diciembre entró en vigor el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda, que recoge varias modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Dicho decreto, que deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados antes de un mes, conlleva una batería de reformas vinculadas al alquiler de viviendas, entre las que destacan la ampliación del plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada (de 3 a 5 años, 7 si el arrendador es persona jurídica), el aumento del plazo de prórroga tácita (de 1 a 3 años), o la limitación de los avales, que no podrán superar los 2 meses de la renta mensual de alquiler.

Pero sin duda, una de las reformas más esperadas, y que más concierne a las Comunidades de Propietarios es la relacionada con los conocidos como “pisos turísticos”. La legalidad de este tipo de alquileres es una cuestión que lleva produciendo controversia desde hace ya años, principalmente provocada por una ausencia de normativa de carácter general. Hasta este momento, las comunidades autónomas eran las responsables de establecer una normativa al respecto, lo que ocasionaba que nos encontrásemos ante 17 legislaciones distintas, por no mencionar las regulaciones propias que muchos municipios tenían establecidas. Si a ello le sumamos un cambio constante de leyes por parte de las administraciones, bien por decisión propia o por obligación, tras sentencias judiciales, y el gran crecimiento de este tipo de turismo provocado por el auge de Internet y las nuevas tecnologías, no es de extrañar que este asunto se haya acabado convirtiendo en un problema cada vez mayor, que ha originado multitud de protestas vecinales derivadas de las molestias y alteraciones de la convivencia que muchos usuarios de este tipo de pisos ocasionan.

Hasta la entrada en vigor de la nueva reforma, las únicas vías posibles para evitar la aparición de pisos turísticos en una Comunidad de Propietarios eran, o bien mediante una reforma de los estatutos que requeriría la unanimidad de los propietarios, o a través de la “acción de cesación” contemplada en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que tiene como finalidad que cualquier actividad que pueda resultar molesta, nociva, insalubre o peligrosa deje de desarrollarse. Pero a partir de la actual modificación de la Ley sobre Propiedad Horizontal que establece el nuevo el real decreto-ley, las Comunidades de Propietarios podrán limitar o vetar la actividad del alquiler turístico en el inmueble por mayoría simple cualificada, es decir, siempre que lo apoyen tres quintas partes de los propietarios. Otra novedad es que la Comunidad podrá establecer cuotas especiales a las viviendas turísticas, aumentando su participación en los gastos comunes de la finca, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20% .

Pero algo que hay que tener en cuenta es que la ley no tendrá carácter retroactivo, lo cual llevado a la práctica significa que las viviendas de uso turístico que ya cuenten con la licencia preceptiva o que estén inscritas en el registro oficial, no podrán ser vetadas por las CCPP, aunque se cuente con la nueva mayoría exigible de tres quintas partes de los propietarios. Esta medida podrá ser aplicada a los nuevos pisos turísticos, pero también a los que operan ilegalmente, ya que el Real Decreto traslada este tipo de alquileres desde la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) a la legislación sobre actividad turística, por lo que pasarán a ser tratados como una actividad económica. Ello permitirá a los propietarios de una comunidad vetar su actividad económica, ya que al tratarse de una actividad irregular no se considerará que exista derecho adquirido alguno, aunque operen desde antes de la entrada de la nueva ley.

Queremos presuponer que esta regulación del alquiler turístico favorecerá la solución de los conflictos y problemas de convivencia que esta práctica lleva años generando en muchas de nuestras ciudades, pero debemos ser cautos y estar a la expectativa de los acontecimientos. Las Comunidades de Propietarios están llamadas a ser uno de los grandes protagonistas de este cambio, convirtiéndose en una parte activa para la resolución de cualquier tipo de problemática que un piso turístico pueda provocar en su inmueble. Una de las medidas imprescindibles para conseguir dicho objetivo es exigirle a todo propietario de un piso destinado al alquiler turístico que posea un buen Seguro de alquiler que cuente con coberturas de impago, daños por actos de vandalismo y defensa jurídica. Desde la Correduría de Seguros José Silva, especializados en seguros para inmuebles, estaremos encantados de asesorarte y darte información sobre éste o cualquier otro tipo de póliza que pueda necesitar vuestra Comunidad de Propietarios.

Fuentes: boe.es y elaboración propia.

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¿ES PREFERIBLE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSERJERÍA A UNA EMPRESA EXTERNA U OPTAR POR UN TRABAJADOR AUTÓNOMO?

¿ES PREFERIBLE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSERJERÍA A UNA EMPRESA EXTERNA U OPTAR POR UN TRABAJADOR AUTÓNOMO?Las Comunidades de Propietarios no tienen personalidad jurídica, sin embargo tienen la capacidad de contratar. Así, es habitual que cuenten con personal propio como el portero, o servicios externos como el de conserje. Aunque pueda parecer que ambas figuras casi han desaparecido de los edificios de viviendas, principalmente a causa de la pasada crisis económica que obligó a muchas Comunidades de Propietarios a reducir sus gastos, actualmente el incremento de los robos, actos de vandalismo y compras online, ha motivado que muchos vecinos soliciten la reincorporación de este servicio. Si bien es cierto que la irrupción de las nuevas tecnologías ha sido aprovechada para la protección y seguridad en muchos inmuebles residenciales, sobre todo de nueva construcción, donde se han implantado circuitos de vigilancia de camaras ip conectados a la red o sistemas de domótica, existen diversas labores que siguen precisando de un trabajador para poder ser llevadas a cabo. Nos estamos refiriendo a tareas tan importantes como el control de las personas que acceden al edificio, la actuación inmediata frente a siniestros como pueden ser incendios o inundaciones, o la realización de rondas periódicas para comprobar y verificar tanto las instalaciones como el cumplimiento de las medidas de seguridad. Asimismo, aparte de las funciones relacionadas con la vigilancia, el conserje o portero también se podrá encargar de la limpieza de zonas comunes (barrido, fregado, eliminación de residuos, etc.), del mantenimiento de ciertos servicios de la comunidad (luces, calefacción, etc.), e incluso de atender a las sugerencias y necesidades de los vecinos y trasladarlos al responsable (Administrador de Fincas o presidente de la comunidad).

La falta de candidatos idóneos dispuestos a permanecer tiempo en el mismo edificio, hace que las Comunidades de Propietarios que deciden volver a apostar por éste servicio se decanten por la figura del conserje; suelen tener dudas en torno al método de contratación mas apropiado: ¿Es preferible contar con los servicios de una empresa externa u optar por un trabajador autónomo? En primer lugar, es aconsejable calcular y comparar los gastos de cada una de las dos opciones, sin olvidar tener en cuenta todos los pagos asociados. Para un trabajador autónomo, dependiente o independiente, aparte de la remuneración y retención de IRPF, están los gastos de Seguridad Social y a veces también otros adicionales como bonificaciones o alojamiento, sin olvidar la ajenidad, concepto que demuestra la inexistencia de una relación laboral estable que pudiera ser interpretado como un contrato laboral encubierto. Hemos asistido a la apertura de expedientes de la Inspección laboral porque el “conserje autónomo” en realidad no ponía material alguno y tenía un horario impuesto y regulado por la Comunidad de Propietarios.

En el caso de una empresa externa, debemos comprobar que el presupuesto de su oferta incluya consumibles como productos de limpieza, herramientas de trabajo o la maquinaria necesaria para efectuar las labores, y si resultará necesario efectuar gastos extras para adecuar ciertas instalaciones al servicio de conserjería, además del plazo y método para rescindir el servicio en caso de insatisfacción. Si se da la circunstancia de que la Comunidad de Propietarios ya cuenta con un portero y está planeando la externalización de este servicio, deberá sumar los gastos puntuales que le causaría una posible indemnización por despido, además de contar con la mayoría necesaria de los propietarios y cuotas para cambiar el modelo de servicio.

En el momento que la Comunidad conozca los presupuestos reales de ambas opciones, no debe simplemente decantarse por el más económico, sino que será necesario que realice una lista de pros y contras de cada alternativa. La contratación de un profesional independiente conllevará diversas responsabilidades, como por ejemplo efectuar la correspondiente retención fiscal y el deber de presentar los modelos trimestrales del IRPF, así como la declaración anual. Además, tendrá la obligación de proporcionarle las instrucciones adecuadas en relación a los riesgos laborales, los sistemas de emergencia, los de protección y los de prevención. Las medidas que se le exige a las Comunidades de Propietarios son las mismas que a cualquier tipo de empresa que tenga trabajadores a cargo, y aunque en muchas ocasiones son totalmente desconocidas, ello no le librará de las sanciones de responsabilidad Civil, Administrativa y Penal que le puede acarrear su incumplimiento. Por otra parte, con la contratación de los servicios de una empresa externa, la Comunidad ahorrará tiempo en gestión (nóminas, bajas) y la empresa se ocupará de cubrir las bajas y las vacaciones, pero seguirá siendo responsable de la seguridad del trabajador aunque no esté a su cargo. Ello es debido a que es la responsable legal de todos los espacios comunes de la finca, y por lo tanto, si una persona que ofrece un servicio externo sufre un accidente, sería responsabilidad de la Comunidad de Propietarios, y por ello debe ofrecer toda la información necesaria en materia de Seguridad laboral a todas aquellas personas externas que realicen algún tipo de trabajo en sus instalaciones.

Como podemos observar, decantarse por cualquiera de las opciones implicará una serie de deberes y obligaciones que de no ser cumplidas, aunque sea por desconocimiento, pueden ocasionar graves perjuicios a la Comunidad de Propietarios como sanciones y multas que todos los copropietarios deberán afrontar. El asesoramiento del Administrador de Fincas en el momento de la toma de decisiones es obligatorio y además puede estar asumiendo responsabilidades si es designado para elaborar contratos y pago de nóminas. Es por ello que siempre resulta imprescindible contar con un seguro multirriesgo para comunidades de propietarios que cubra entre otras materias la Responsabilidad Civil y la defensa jurídica, sin duda una inversión que revertirá en el beneficio de toda la Comunidad.

Fuentes: empleo.gob.es, .seg-social.es y elaboración propia.

 

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¿SON UN RIESGO PARA LA SALUD LAS ESTACIONES ELÉCTRICAS URBANAS?

SON UN RIESGO PARA LA SALUD LAS ESTACIONES ELECTRICAS URBANASCuando paseas por una acera quizá hayas visto una tapa metálica practicable en el suelo, por ahí se accede a un transformador eléctrico que da servicio a una zona. Quizá durante la noche te despiertes con frecuencia, revisa cuántos aparatos eléctricos tienes a tu alrededor. En tu edificio puede haber un cuarto que alberga un transformador, además de generar una servidumbre.

¿Quién le iba a decir a Edison tras patentar la primera bombilla incandescente comercialmente viable, e inaugurar en 1882 la primera central eléctrica para vender electricidad (comenzó con 80 clientes y 400 bombillas), que la electricidad se convertiría en algo tan imprescindible para la sociedad como lo es hoy en día? Basta mirar las calles, nuestras casas o a nuestro alrededor para darnos cuenta de la importancia que tiene la electricidad en nuestras vidas: la televisión, los ordenadores, Internet, la automatización de los procesos industriales, la iluminación artificial, las fabricas, etc., no se podrían concebir sin su presencia generalizada.

La electricidad es uno de los combustibles esenciales de nuestra sociedad moderna, y muchas personas la consideran una energía limpia, desconociendo que, por ejemplo, las líneas de alta tensión encargadas de su distribución pueden generan impactos ambientales significativos. Además de provocar emisión de ruido, interferencias de radiofrecuencia o la generación de ozono troposférico, las líneas de alta tensión producen un fenómeno denominado efecto corona, responsable de la generación de gases corrosivos, óxidos de nitrógeno y de ácido nítrico, así como de provocar la atracción y concentración de aerosoles contaminantes y gas radón. Por otra parte, desde hace varias décadas los científicos estudian los efectos que los campos electromagnéticos pueden ocasionar sobre los tejidos biológicos, centrándose en la posible relación existente entre contaminación electromagnética de baja frecuencia y el riesgo de padecer enfermedades como la leucemia, tumores cerebrales u otros tipos de cánceres. Un ejemplo es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), que ha incluido los campos electromagnéticos de baja frecuencia generados por los tendidos eléctricos e infraestructuras asociadas, como posible agente cancerígeno.

Desde hace décadas que la existencia de líneas de alta tensión o estaciones eléctricas próximas a núcleos urbanos y edificios residenciales provoca preocupación en las Comunidades de Propietarios, debido a la posible repercusión que la contaminación electromagnética puede tener en la salud. Si bien la información científica y técnica no proporciona evidencias claras, son muchas las denuncias realizadas por familias que se han visto obligadas a convivir con una instalación eléctrica cerca de sus hogares y uno o varios de sus miembros han desarrollado un proceso canceroso. Además diversos organismos supranacionales e internacionales han querido intervenir de manera cautelar dictando recomendaciones sobre las distancias que deben mediar entre los campos electromagnéticos y las zonas en las que las personas pasen un período de tiempo significativo.

Las Comunidades de Propietarios deben conocer que en España existe un Reglamento de Líneas de Alta Tensión, que en su artículo 25 establece unas distancias límite para evitar las posibles afecciones sanitarias derivadas de una exposición continua a campos electromagnéticos de baja frecuencia. Además, en los años 2001 y 2003 el Ministerio de Sanidad y Consumo planteó la necesidad de reformar dicho Reglamento para “redefinir unas distancias mínimas de seguridad desde las líneas de alta tensión a edificios, viviendas o instalaciones de uso público y privado” y de “actualizar la fórmula de referencia para la distancia de seguridad a líneas de alta tensión”. Algunos ayuntamientos pioneros, como el de Jumilla (Murcia), han tomado cartas en el asunto y han establecido un criterio mayor de seguridad, respetando las recomendaciones que se indican desde diversas instancias investigadoras.

Los efectos a largo plazo de los campos electromagnéticos en la salud humana suponen una constante incertidumbre que no ha logrado despejarse científicamente. Ante la duda, resulta necesaria una revisión de la normativa estatal y en los reglamentos de líneas de alta tensión, subestaciones y transformadores, que tenga en cuenta el principio de precaución. Del mismo modo, las Comunidades de Propietarios deben buscar un sistema de protección y prevención adecuado ante los diversos riesgos que puedan ocasionarles las estaciones eléctricas próximas a sus inmuebles. Un Seguro multirriesgo para Comunidades de Propietarios, que ofrezca garantías indispensables como prestaciones de defensa y reclamaciones jurídicas, es sin duda la mejor elección. Desde Seguro Comparador puedes calcular el precio del seguro más conveniente, en tan solo unos minutos y de forma on line. Tan solo tienes que hacer click aquí para comprobarlo.

Fuentes: ecologistasenaccion.org, boe.es, mscbs.gob.es y elaboración propia.

 

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¿SON LAS ANTENAS DE TELEFONÍA INSTALADAS EN EDIFICIOS UN RIESGO PARA NUESTRA SALUD?

SON LAS ANTENAS DE TELEFONIA INSTALADAS EN EDIFICIOS UN RIESGO PARA NUESTRA SALUDLas Comunidades de Propietarios cuyos edificios alcanzan una cierta altura son objeto de atención para ciertos negocios, también para riesgos no evaluados. Vivimos rodeados de radiación electromagnética. Nuestro cuerpo es atravesado por millones de ondas electromagnéticas, la mayoría de ellas tienen origen natural, como la radiación solar o la terrestre, pero muchas otras son generadas de manera artificial, fundamentalmente ondas de radiofrecuencia derivadas de las transmisiones de televisión, radio, radar, telefonía móvil o redes wifi. Sin duda alguna el avance tecnológico incrementa la exposición del mundo animal racional e irracional. A pesar de que hoy en día no existan estudios que lo ratifiquen al 100%, en valores altos de intensidad y exposición, estas emisiones artificiales se relacionan con problemas de salud como pueden ser falta de concentración, insomnio, estrés, dolores de cabeza, agitación nerviosa e incluso enfermedades como la lipoatrofia, enfermedad relacionada en edificios, que se manifiesta con alteraciones en las extremidades.

En un encuentro organizado en 2011 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 31 expertos de 14 países tras revisar y analizar datos científicos relacionados con los campos electromagnéticos llegaron a la siguiente conclusión: “las radiaciones electromagnéticas de los teléfonos móviles han de ser clasificadas como posible carcinógeno para las personas”. Desde el otro frente de la polémica, muchos expertos aseguran que este tipo de ondas son totalmente inocuas para el ser humano, ya que no se ha encontrado evidencia que demuestre ninguna asociación entre la exposición a los campos electromagnéticos, dentro de los límites recomendados, y enfermedad alguna. ¿Quién tiene realmente la razón?, pese a los cientos de estudios realizados desde todas partes del mundo, hoy por hoy aún no se ha logrado llegar a un acuerdo sobre los posibles riesgos de las ondas electromagnéticas y los especialistas continúan con este debate.

Sea como sea, la realidad es que la incidencia que los campos electromagnéticos pueden tener sobre la salud lleva años creando una creciente inquietud y preocupación en nuestra sociedad, sobre todo en muchas Comunidades de Propietarios que poseen antenas repetidoras de telefonía móvil en sus edificios, tras ser alquiladas parte de sus azoteas a operadores de telefonía móvil para la instalación de las denominada estaciónes base transceptoras (EBT) y de sus equipos complementarios. Muchos vecinos, alarmados por los posibles efectos de sus radiaciones en la salud, han creado asociaciones y plataformas que luchan contra la instalación de dichas antenas en sus inmuebles o en los colindantes, alegando además de los riesgos sanitarios citados, repercusiones económicas negativas sobre el valor de las viviendas y el sobrepeso al que se ven sometidas las estructuras de los edificios, además del riesgo que representan los fenómenos de la naturaleza cuando ésta manifiesta su enorme fuerza destructora como ha sucedido recientemente en Mallorca y Málaga.

Incluso desde FACUA (Consumidores en Acción) advierten sobre los factores de riesgo que implica la instalación de una antena repetidora en una Comunidad de Propietarios, haciendo hincapié en que algunas compañías de seguros se niegan a cubrir los posibles daños que se puedan derivar de los campos electromagnéticos producidos por estas antenas, ya que los riesgos son inciertos y las indemnizaciones a pagar en un futuro, de confirmarse, podrían ser enormes. También informan que tan sólo hace falta que un propietario se niegue a la instalación de la antena para que ésta no pueda realizarse, siempre y cuando la azotea tenga asignado un uso, ya que el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal indica que las decisiones que afecten al título constitutivo del edificio deberán aprobarse por unanimidad si se trata de elementos que tengan asignado un uso específico en el inmueble.

Obtenida la aprobación de los propietarios, para su instalación se necesita previamente la correspondiente licencia municipal, no disponer de ella podría dar lugar al rehúse de la indemnización de los daños propios o a terceros en caso de siniestro, por parte de la aseguradora.

Las infracciones contra la normativa urbanística en la instalación y conservación de la antena serán responsabilidad de la empresa instaladora, el propietario o Comunidad de Propietarios del edificio o terreno en que se ubique la antena; El asesoramiento, defensa y depósito de fianzas ante éstos hechos puede ser realizada a través de un Seguro de protección jurídica que permite asegurar un presupuesto sin sobresaltos jurídicos.

Como podemos observar, los posibles riesgos para la salud humana que puedan tener las antenas base de las redes de telefonía móvil es un tema polémico y complejo tanto para los ciudadanos como para las Comunidades de Propietarios que pudieran tener que enfrentarse a riesgos de reclamaciones en un futuro tal como ha sucedido con la aluminosis o el amianto. De lo que hoy podemos estar seguros es de que es muy probable que en este instante estemos a menos de unas pocas decenas de metros de una antena, y así lo podemos comprobar visitando el portal infoantenas del Ministerio de Industria dónde pueden consultarse los distintos niveles de energía electromagnética emitida en todo el territorio de nuestro país. Con la radiación de telefonía móvil, como con todos los agentes sospechosos o dudosos de poder tener efectos cancerígenos, debe actuarse siempre bajo el principio de precaución y prevención. Cuidar de nuestra salud y la de nuestros seres queridos es sin duda una prioridad para todos nosotros, y con este propósito desde José Silva Correduría de Seguros nos ofrecen una amplia gama de Seguros de Salud, entre los que cabe destacar el Seguro de salud para familias y el Seguro vida mujer. No dudes en consultarles información sobre las coberturas, prestaciones, productos disponibles y cuadro médico de estos seguros médicos.

Fuentes: mincotur.gob, facua.org y elaboración propia.

 

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¿CÓMO DEBE ACTUAR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ANTE VECINOS QUE INCUMPLEN LOS TÉRMINOS DE SALUBRIDAD?

¿CÓMO DEBE ACTUAR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ANTE VECINOS QUE INCUMPLEN LOS TÉRMINOS DE SALUBRIDAD?Por la confusión que genera el término, entendemos por vecino (sin distinción de género) cualquier persona que habita en un edificio de propiedad vertical u horizontal, que puede tener la condición de propietario, inquilino, usuario, invitado o transeúnte (los pisos turísticos fomentan ésta).

En general, los seres humanos somos sociales por naturaleza, tanto la familia, la escuela o el entorno laboral nos inculcan una serie de valores y enseñanzas que nos ayudarán a formarnos como sujetos y a convivir en sociedad. La vida en la Comunidad de Propietarios, cualquiera que sea su tamaño, precisa unas normas que aseguren la correcta convivencia de sus integrantes. El individuo debe ser consciente de que lo primordial es el bienestar común, por encima de sus deseos personales, más aun si estos pudiesen perjudicar de alguna manera a los demás o poner en riesgo el confort de todos.

Es por ello que, para facilitar una correcta y tranquila convivencia de sus vecinos, las Comunidades de Propietarios poseen una serie de reglas y normas internas e incluso unos estatutos, que regulan los derechos y obligaciones de sus propietarios y por extensión de los demás vecinos mientras permanezcan o utilicen sus instalaciones. En ocasiones, ocurren conflictos motivados por usuarios que incumplen los preceptos básicos de convivencia con el resto de habitantes del edificio o urbanización al realizar actividades prohibidas o que incumplen las disposiciones generales sobre actividades insalubres. ¿Cómo debe actuar la Comunidad de Propietarios? ¿Quien es el encargado idóneo para intentar solucionar el conflicto? ¿ Dónde se puede denunciar a la persona que tiene un estilo de vida insalubre, que perjudica a los demás integrantes de la comunidad?

Las posibles soluciones dependerán de si se trata de un propietario o no (nos referimos siempre como término neutro que identifica cualquier género). En primer lugar, es conveniente intentar arreglar el conflicto mediante la vía amistosa, poniendo en conocimiento del infractor de cuáles son las normas aprobadas por los propietarios. Para ello es aconsejable que el Presidente de la Comunidad se ponga en contacto con la persona que incumple los términos de salubridad, preferiblemente por escrito, y le informe del malestar que causa al resto de vecinos su actitud. En el caso de que la actividad o conducta continúe, será necesario que el Presidente o el Administrador de Fincas, por mandato del primero, efectué un requerimiento previo de forma fehaciente (por ejemplo, mediante burofax, o conducto notarial) para que cese de forma inmediata en su comportamiento, advirtiéndole además de que, de no hacerlo en un plazo prudente, se tomarán acciones judiciales contra él. La tenencia de un seguro de Protección Jurídica amplio facilita la adopción de éstas medidas al disponer, sin coste adicional, de un servicio de Asesoría Telefónica, elaboración de informes y peritajes y los servicios de abogados expertos en la materia.

Solicitar la intervención de un Administrador de Fincas especializado en Mediación Civil y Mercantil suele aportar soluciones ingeniosas y eficaces por su experiencia en la resolución de conflictos vecinales. Algunos Colegios Profesionales disponen de un servicio para éstas situaciones.

Si ninguna de estas medidas da resultado, el presidente deberá convocar una Junta Extraordinaria cuyo orden del día recogerá el motivo, para informar a los propietarios del problema y tratar de obtener un acuerdo de mayoría simple, para que la Comunidad inicie una acción judicial de cesación contra el vecino insalubre. Posteriormente se presentará un escrito que recoja los hechos y la problemática que están aconteciendo en la comunidad ante una oficina de atención ciudadana o en el ayuntamiento, ya que cualquiera de estas instituciones puede dar curso a una demanda. Conviene apuntar que este trámite es completamente gratuito, sin embargo la obtención de pruebas puede representar un coste para la Comunidad de Propietarios, de ahí la importancia del seguro de Protección Jurídica. En el caso de que no se consiga la mayoría suficiente, cualquiera de los vecinos que se sientan afectadas por los problemas de sanidad puede denunciar, sin importar si se trata de un copropietario o no (algunos Seguros de Hogar ofrecen la garantía de reclamación de éste tipo de problema, en el momento de contratarlo conviene recibir un asesoramiento profesional). Se iniciará así un juicio de equidad en el que un Juez evaluará el problema y valorará si procede o no el inicio de la acción de cesación.

En ambos casos, si finalmente queda demostrado el incumplimiento de los términos de salubridad, el vecino infractor se enfrentará a consecuencias que pueden ser de leves a severas, dependiendo de la magnitud del problema:

  • Si se trata de un caso de insalubridad leve, estará obligado, además de cambiar su estilo de vida, a compensar los daños y perjuicios que haya causado a los demás copropietarios.
  • Si se tratase de un caso realmente grave, que pudiese afectar a la salud de los demás vecinos, el juez puede disponer el desalojo de la vivienda durante un periodo máximo de tres años si es propietario, o el desahucio permanente si es inquilino.

Los casos más comunes de denuncias por insalubridad en una Comunidad de Propietarios son las relacionadas al síndrome de Diógenes, una enfermedad que se caracteriza por que los pacientes acumulan objetos de una forma excesiva y patológica. Los vecinos suelen dar la voz de alarma en estas ocasiones, debido a que la acumulación de basura origina olores y da lugar a plagas de insectos y roedores. El seguro Multirriesgo de la Comunidad de Propietarios no cubre los daños propios ni a terceros que tengan origen en ésta causa.

Fuentes: Ley de Propiedad Horizontal, Código Civil, boe.es y elaboración propia.

 

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DESFIBRILADORES EN LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

DESFIBRILADORES EN LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOSEn las Comunidades de Propietarios, se nace, se vive y se muere. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país, ya que se producen cerca de 30.000 fallecimientos al año a causa de paradas cardiorespiratorias. La mínima disponibilidad de desfibriladores en España provoca que tras un paro cardíaco el índice de supervivencia se sitúe en el 4%, dato alarmante si lo comparamos con el de Estados Unidos, donde el porcentaje de salvación puede llegar hasta el 50% en condiciones similares. Este problema es debido a la inexistencia de una clara posición legal sobre la obligatoriedad de disponer de un desfibrilador en espacios públicos, ya que la legislación existente no es más que un conjunto de diferentes y desiguales normativas en las comunidades autónomas.

Las Comunidades de Propietarios pueden convertirse en una pieza clave para lograr reducir el número de víctimas mortales que provoca este tipo de patologías, sobre todo si tenemos en cuenta que el 70% de las paradas cardíacas se producen en el hogar. Debemos ser conscientes de que contar con un desfibrilador semiautomático en una zona común del edificio ayudaría a salvar multitud de vidas, sobre todo teniendo en cuenta que actuar dentro de los 5 primeros minutos tras el suceso es vital para la supervivencia de la persona afectada. Además aquellas comunidades que disponen de piscina, gimnasio, pistas de pádel, etc, tienen muchas más posibilidades de tener situaciones de riesgo, que pueden ser revertidas con el uso de un desfibrilador, como por ejemplo una parada cardíaca por ahogamiento, sobreesfuerzo o golpes de calor.

Pero a pesar de que un desfibrilador semiautomático lo puede utilizar cualquier vecino con un mínimo de formación, y su uso es válido tanto en adultos como en menores, son casi inexistentes las leyes o decretos de las Comunidades Autónomas que impongan la obligación de la instalación de desfibriladores en CCPP. Uno de los pocos ejemplos que podemos encontrar es el de Cataluña, que mediante el Decreto 30/2015 de 3 de marzo, establece la obligación de implantar uno de estos sistemas en edificios con capacidad o aforo para 2.000 o más personas o con una altura de evacuación igual o superior a 28 metros. También la Comunidad Autónoma de Madrid publicó el Decreto 78/2017 de 12 de septiembre del Consejo de Gobierno por el que se regula la instalación y utilización de desfibriladores externos y se crea su Registro. Los Administradores de Fincas adquieren una nueva responsabilidad de informar a sus clientes de las exigencias en ésta materia.

Para lograr evitar que la principal barrera para no instalar desfibriladores sea el coste, existen numerosas iniciativas que promueven la idea de “Comunidades de Propietarios Cardioprotegidas”. Para ello proponen un servicio básico de cardioprotección, accesible a cualquier comunidad de vecinos, independientemente de su tamaño o poder adquisitivo. El pack incluye desfibrilador, mantenimiento, vitrina con alarma, cartelería, formación para los vecinos en la propia comunidad y el certificado de Espacio Cardioprotegido.

Los Administradores de Fincas pueden promover ésta iniciativa en las Comunidades de Propietarios, alguno incluso ya realizó formación en primeros auxilios y trata el asunto, como el activo Salvador Jiménez, en su blog.

Si nuestra Comunidad de Propietarios finalmente decide apostar por la instalación de un desfibrilador debe tener en cuenta que, al igual que otros elementos comunitarios como los extintores, deben de contar con una mayoría de tres quintas partes de los propietarios que a su vez representen tres quintas partes del total de cuotas de participación para llevar adelante la propuesta y cumplirse una serie de requisitos. Entre ellos cabe destacar que el equipo debe contar con un mantenimiento continuado para que esté totalmente operativo en todo momento, y que ha de estar situado en una zona común y visible del edificio. También es de suma importancia que la CCPP incorpore al Seguro Multirriesgo éste equipamiento, a ser posible que cubra averías de maquinaria y equipos electrónicos, desperfectos por robo o actos vandálicos y Responsabilidad Civil de la comunidad.

Un desfibrilador en la comunidad de Propietarios protege a sus ocupantes, garantiza una rápida actuación y ayuda a salvar vidas; Su coste puede afrontarse mediante sistemas de financiación, renting o patrocinio de las empresas de servicios. Desde Seguro Comparador te ofrecen la posibilidad de calcular su coste de forma online en tan solo unos minutos. Compruébalo haciendo click aquí.

 

Fuentes: fundaciondelcorazon.com y elaboración propia.

 

 

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RIESGO Y RECLAMACIÓN POR AMIANTO Y OTROS AGENTES CANCERÍGENOS EN COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

RIESGO Y RECLAMACION POR AMIANTO Y OTROS AGENTES CANCERÍGENOS EN  COMUNIDAD DE PROPIETARIOSLa explosión de un almacén clandestino de material pirotécnico en Tui el pasado mes de mayo, aparte de ocasionar dos víctimas mortales, numerosos heridos y cuantiosos daños materiales, dejó al descubierto un auténtico problema de salud que continúa permaneciendo oculto en multitud de hogares de nuestro país: el amianto utilizado en la mayorías de las edificaciones construidas entre los años 60 y 80. Tan sólo de la zona cero de dicho siniestro fueron retiradas más de 100 toneladas de este material tóxico, causante de graves enfermedades como cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe, de ovario y asbestosis.

Según Ecologistas en Acción el amianto, también conocido como asbesto, sigue estando presente en toda España: en los metros, en las tuberías, en los tejados, en colegios, en naves industriales, marítimas y hasta hace poco también en los coches, ya que la regulación actual (Real Decreto 396/2006) no es concreta en lo referente a los plazos para su retirada, dejando la decisión en manos del criterio de vida útil de los materiales. Si bien es cierto que en 2013 se aprobó un directiva europea que hace obligatorio la elaboración de un censo con la uralita instalada en edificaciones y la retirada del fibrocemento, a día de hoy ningún gobierno de los países miembros de la unión ha puesto en funcionamiento esta medida.

En los edificios residenciales, el amianto suele estar localizado en el fibrocemento (habitualmente conocido como uralita), material utilizado para fabricar tuberías, las bajantes de numerosas instalaciones de agua, tejados o revestimientos, que no es peligroso siempre que se mantenga estable en su formato original. Mientras el amianto permanezca amasado con el cemento se considerará no friable, y no tendrá riesgo de dispersión de fibras, cuya contacto o inhalación es un grave peligro para la salud. El problema surge cuando, tras el paso de los años, el material se deteriora y hay posibilidad de dispersión de fibras de amianto, por lo que debe ser retirado de manera urgente.

Si una Comunidades de Propietarios observa que existen daños en canalones, techos o tuberías de fibrocemento (uralita), deberá solicitar inmediatamente los servicios de una empresa especializada y homologada en la retirada de este tipo de residuos. Dicha empresa deberá estar inscrita en el RERA, organismo regulador que capacita legalmente a retirar amianto de una forma segura y garantiza que tenga establecido todo el proceso necesario, sin ningún riesgo para la salud, tanto de los trabajadores como de los residentes del inmueble. Dicha empresa deberá redactar y presentar un plan de trabajo de retirada de amianto, aprobado por el departamento de seguridad laboral e higiene industrial de comunidad autónoma en la que se vaya a realizar, donde se detallarán los diferentes pasos del proceso de retirada y eliminación del amianto. Cuando ocurre un siniestro por rotura de tuberías con éste material, el procedimiento descrito anteriormente puede retrasar la reparación de los daños y ese tiempo, por falta de explicaciones o conocimiento, causa malestar en los vecinos afectados.

Debido a que el amianto es un grave riesgo para todos los habitantes de un inmueble que posea elementos fabricados con microcemento, la Comunidad de Propietarios debería proponer su retirada lo antes posible. Sin embargo, debido a los elevados costes que suponen estos trabajos, sumado a la falta de rigor en la legislación en cuanto a plazos, hace que a día de hoy en la inmensa mayoría de edificaciones aún se conviva con esta problemática a la espera de que sea la compañía de seguros la que asuma dichos costos.

Las Comunidades de Propietarios deben conocer que, aunque no hay ayudas oficiales destinadas únicamente a la retirada del amianto, existen subvenciones para la mejora de la eficiencia energética del edificio, mediante las cuales pueden ahorrar un importe del 30 por ciento del presupuesto necesario para el desamiantado y sustitución de los paneles de uralita por panel sándwich. Estos trabajos repercutirán beneficiosamente en materia de aislamiento térmico, debido a que los nuevos materiales proporcionan un funcionamiento mucho más eficiente con respecto a la uralita convencional, proporcionando además un claro ahorro en materia energética, que a largo plazo terminará por compensar económicamente.

En España un gran número de edificios todavía está en esta situación y muchas personas viven, a veces sin conocimiento de ello, en contacto con este material potencialmente peligroso. Es un motivo más por el que se hace aconsejable disponer siempre de un buen seguro de salud con el que se realicen reconocimentos preventivos que puedan detectar de forma temprana cualquier patología relacionada con el riesgo que supone el amianto.

Las Comunidades de Propietarios deben velar por la seguridad y salud de todas las personas que conviven en ellas, por lo tanto es necesario que a través de la figura del Presidente o del Administrador de Fincas se informe a los propietarios de la existencia de amianto en el edificio y de la necesidad de realizar reformas y rehabilitaciones del inmueble, omitir voluntariamente ésta información puede llevar consigo reclamaciones al presidente y administrador de fincas con elevado riesgo de no ser aceptadas por la compañía de seguros al actuar dolosamente. Para estos casos es imprescindible la posesión por parte de la CCPP de un Seguro de obras, que preste cobertura frente a la amplia variedad de riesgos que pueden afectar a la ejecución de una obra. Desde Seguro Comparador nos ofrecen una aplicación donde comprobar de forma online cuánto puede costar el seguro que tu comunidad necesita. Calcúlalo haciendo click aquí.

 

Fuentes: boe.es, ecologistasenaccion.org, wikipedia.org y elaboración propia.

 

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